¡Por hacer su ‘chamba’! Un agente de la Fiscalía de Desaparecidos en Puebla fue detenido por exigir una “gratificación” de 20 mil pesos a la familia de una mujer desaparecida, luego de ser localizada en Tehuacán.

El agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares, se encuentra acusado por el delito de cohecho.

¿Qué ocurrió con el agente del Ministerio Público?

El caso se originó en noviembre de 2024, cuando Francisco “N” investigaba la desaparición de una mujer en Tehuacán, Puebla.

Tras localizar a la víctima, según la denuncia, solicitó a sus familiares más de 20 mil pesos para poder continuar con las investigaciones del caso.

Tras este intento de extorsión, las víctimas levantaron una denuncia, pero fue hasta septiembre de este año que se reunieron las pruebas suficientes para girar una orden de aprehensión en su contra, aunque no ha sido declarado culpable.

Tras su detención, Francisco N. quedó a disposición del Juez de Control, quien determinará su situación jurídica.

Colectivos de madres buscadoras denuncian delito de cohecho

Colectivos de madres buscadoras de Tehuacán reprobaron la conducta del funcionario, señalando que por ningún motivo se debe lucrar con la angustia de quienes buscan a sus desaparecidos.

Más en un país, donde la cifra de personas no localizadas asciende a más de 100 mil; una crisis que el Estado no ha podido resolver, y donde agentes presuntamente todavía intentan sacar provecho de la situación.

Por su parte, la Fiscalía enfatizó que ningún servidor público puede beneficiarse económicamente de la desesperación de las familias, y en caso de hacerlo, esto constituye un delito.

¿Qué es el delito de cohecho y cómo se sanciona?

El delito de cohecho se refiere a cuando un servidor público solicita, acepte o reciba ilícitamente dinero, o cualquier otro beneficio indebido para realizar, omitir o retrasar funciones públicas.

En el Código Penal de Puebla, este delito se sanciona con prisión de seis meses a nueve años, multa de diez a cien días de salario, según la gravedad del caso.

Además, también se puede analizar la destitución e inhabilitación para desempeñar cargos públicos dentro de cierto tiempo.

@aztecanoticias #NoEsNormal | A 1 año de la violencia imparable en Sinaloa, nada ha cambiado. Miles lloran a sus muertos, buscan a sus desaparecidos y viven con miedo... Lo más grave: que el gobierno intente acostumbrarnos a esta violencia como si fuera normal. Pero no lo es. #AztecaNoticias #violencia #Inseguridad #Sinaloa #violenciaSinaloa ♬ sonido original - Azteca Noticias