El alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue asesinado en pleno Centro Histórico, mientras caminaba entre la multitud durante el Festival de las Velas. Su homicidio no solo sacudió a Michoacán, sino que volvió a exponer la crisis de seguridad que vive México, donde decenas de alcaldes gobiernan bajo amenaza y piden protección para seguir con vida.

Alcaldes de México que han solicitado protección ante ola de inseguridad

Su muerte ocurre en medio de una ola de solicitudes de protección de alcaldes en todo el país, especialmente en estados como Guanajuato y Puebla.

Solo en Guanajuato, siete alcaldes de Morena —entre ellos los de Celaya, Salamanca, Pénjamo y Valle de Santiago— viven custodiados por la Guardia Nacional y el Ejército. A ellos se suman ediles de Movimiento Ciudadano y un independiente, todos bajo el mismo miedo: el crimen organizado ha rebasado a las instituciones.

En Puebla, otros presidentes municipales han pedido licencia o refuerzos tras recibir amenazas directas de grupos criminales.

“Cuando los alcaldes se sienten desprotegidos pueden caer en la tentación de doblegarse ante la delincuencia”, reconoció el gobernador Alejandro Armenta. Palabras que suenan más a advertencia que a respaldo.

El doble discurso de la protección: Los cuidan pero son asesinados

Mientras los alcaldes solicitan ayuda, el Estado blinda a unos cuantos y abandona a los demás. Los protocolos de protección federal parecen privilegios, no derechos. Cada edil debe enviar un oficio a la Secretaría de Gobernación o a Seguridad Pública para “solicitar” su propia vida.

Carlos Manzo no fue el primero en caer. Tampoco será el último si el país sigue premiando el silencio y castigando la valentía. En México, denunciar mata. Gobernar, también.

Violencia en Michoacán: Cronología de políticos asesinados

Desde octubre de 2021, Michoacán ha sido escenario de una escalada de violencia política que ha cobrado la vida de funcionarios de distintos partidos.

Los crímenes se han cometido en distintos municipios y bajo circunstancias que exponen la vulnerabilidad de los gobiernos locales ante el crimen organizado.

  • 2022: El caso de Enrique Velázquez Orozco, alcalde de Contepec, marcó el inicio de una ola de homicidios que evidenció el vacío de seguridad.
  • 2023: El secuestro y asesinato de Yolanda Sánchez Figueroa estremeció a Cotija. La presidenta municipal panista ya había sobrevivido a un secuestro antes de ser asesinada un año después.
  • 2024: Guillermo Torres Rojas, edil de Churumuco, fue atacado a tiros en una taquería; su homicidio se sumó a la lista de ediles caídos en funciones.
  • 2025: El año más sangriento para los gobiernos municipalesEn junio, las muertes de Martha Laura Mendoza y, más tarde, de Carlos Manzo, confirmaron la falta de garantías para ejercer un cargo público en Michoacán; el edil de Uruapan fue atacado frente a su familia y en plena vía pública, cerrando una trágica lista que exhibe el riesgo de gobernar en un estado asediado por la violencia.