Durante los meses de octubre y noviembre, los robos en panteones de la Ciudad de México (CDMX) se incrementa de forma alarmante.

Desde floreros y esculturas hasta restos humanos, los delincuentes encuentran en estos lugares un mercado negro que puede llegar a pagar hasta 30 mil pesos por una osamenta, según datos de las autoridades.

La Fiscalía General de Justicia de la CDMX mantiene abiertas varias carpetas de investigación por delitos contra las leyes de inhumación y exhumación de cadáveres. En 2022 se reportaron 26 casos, en 2023 la cifra subió a 35 y en lo que va de 2024 ya se han contabilizado 18.

Iztapalapa, Iztacalco y Miguel Hidalgo: los puntos más afectados

La mayoría de los casos se concentran en las alcaldías Iztapalapa, Iztacalco y Miguel Hidalgo, donde vecinos han denunciado la falta de iluminación y vigilancia.

Para hacer frente a esta situación, el C5 ha instalado 510 cámaras de seguridad en 108 de los 113 panteones de la capital, con el objetivo de inhibir el delito y facilitar la identificación de responsables.

El robo de huesos se dispara en Día de Muertos

Con la llegada del Día de Muertos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) implementó operativos especiales de vigilancia dentro y fuera de los panteones.

Elementos policiales patrullan a pie y en vehículos para prevenir saqueos y daños a las tumbas, además de apoyar a los visitantes que acuden a rendir homenaje a sus seres queridos.

Las autoridades llaman a la población a reportar cualquier actividad sospechosa y recuerdan que la profanación de tumbas y el tráfico de restos humanos son delitos graves.

¿Multa o cárcel por robo de tumbas?

De acuerdo con el Código Penal Federal, robar o profanar tumbas constituye el delito de violación a las leyes sobre inhumaciones y exhumaciones, previsto en el artículo 281, que sanciona con uno a cinco años de prisión y multas de hasta 500 días a quien disponga de cadáveres o restos humanos sin autorización legal.

En la Ciudad de México, el artículo 278 del Código Penal local contempla penas de hasta seis años de cárcel, además de sanciones económicas.