La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la Fiscalía General de la República (FGR) debe entregar una versión pública de la carpeta de investigación del caso Ayotzinapa.
Lo anterior, por tratarse de un tema de violaciones graves a derechos humanos, en la cual se cubran datos personales de quienes se dijeron víctimas del caso y pedían que no se difundiera porque contenía información que los podía identificar.
Versión pública de investigación no afecta, dicen ministros
Además, argumentaron que no fueron notificados por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Los ministros de la Primera Sala determinaron que se trata de un tema del interés de la población por la gravedad del caso y su divulgación no afecta los derechos de los demandantes.
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Ce exmagistrada señalada de destruir evidencia del caso Ayotzinapa
El 14 de mayo fue detenida Lambertina “N”, de 79 años de edad, exmagistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, señalada en agosto del 2022 de ordenar la destrucción de grabaciones captadas por seis cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando ocurrieron los hechos relacionados con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Fue ubicada en la colonia Ruffo Figueroa, esto en el primer cuadro de Chilpancingo, Guerrero. De acuerdo con los reportes, la exfuncionaria fue trasladada en una ambulancia debido a un presunto cuadro de hipertensión, pero ello no impidió que fuera detenida.
Declaran por caso Ayotzinapa
La mujer encabezaba el Tribunal Superior de Justicia del estado en septiembre de 2014, periodo en el que, de acuerdo con las investigaciones, se tomó la decisión de eliminar los archivos de video argumentando supuestas fallas técnicas que impedían visualizar claramente las imágenes.
No obstante, la existencia de esas grabaciones ha sido considerada pieza clave en la reconstrucción de lo ocurrido la noche en que un grupo de estudiantes fue atacado por policías municipales y personas armadas.
La entonces Procuraduría General de la República sostuvo una versión oficial que señaló a policías municipales como responsables de entregar a los estudiantes al grupo criminal Guerreros Unidos, quienes supuestamente los asesinaron y calcinados en el basurero de Cocula.