Coparmex pidió al Senado que la reforma a Ley Aduanera concentre su fuerza en quienes defraudan, no en quienes cumplen. La autoridad debe contar con herramientas firmes para combatir la ilegalidad, pero sin generar cargas excesivas que terminen afectando al sector productivo, especialmente a las micro, pequeña o medianas empresas (MiPyMEs).

¿Qué pide la Coparemex al Senado?

Pidieron revisar el artículo 59 que busca integrar un expediente electrónico único. Esta medida es positiva, pero su implementación requiere tiempo.

En cuanto a los artículos 178 y 184-B, piden proporcionalidad en las sanciones. Coinciden en aplicar castigos firmes al fraude, la simulación y la reincidencia, es indispensable que los errores sin dolo no pongan en riesgo la viabilidad de las empresas.

Hoy existen sanciones que pueden alcanzar hasta el 300% del valor de la mercancía por errores formales, como una discrepancia menor en una Norma Oficial Mexicana (NOM) o en una descripción comercial. Una multa con ese valor, puede significar el cierre definitivo para una MiPyME que sí quiere cumplir.

¿Cuáles son los riesgos por la reforma a la Ley de Amparo en el sector privado?

El principal temor de Coparmex es que la reforma vulnera directamente la defensa de los derechos de los ciudadanos y de las empresas, limitando su capacidad para reaccionar ante actos arbitrarios de las autoridades, especialmente en el ámbito económico y fiscal.

Por eso, el sector patronal exige a los diputados revisar el daño que harán a los ciudadanos, pues quedarán indefensos ante el poder del estado que, en su afán de controlar todo, los avasalla.

“La estructura del aparato del Estado frente a un ciudadano, de por sí como su relación ya es muy desigual, no se compara el poder del Estado con el poder del ciudadano, por eso el juicio de amparo lo que busca es equilibrar y con estas medidas se rompe ese equilibrio”, mencionó Domingo Ruiz, presidente Comisión Fiscal COPARMEX.

La cúpula empresarial señala que modificar esta ley sin un análisis técnico, incluyente y responsable pone en riesgo la eficacia del amparo como herramienta clave para mantener el equilibrio entre la autoridad y la sociedad.