Un tribunal de Ciudad de Guatemala dictó este martes penas de prisión de entre seis y 25 años contra seis exfuncionarios por su responsabilidad en el incendio de 2017 en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, que dejó 41 niñas fallecidas y decenas de sobrevivientes.
Las condenas, según familiares de las víctimas, fueron “demasiado indulgentes” frente a la magnitud de la tragedia.
¿Quiénes son los acusados y las penas impuestas por la muerte de 41 niñas?
La jueza Ingrid Cifuentes determinó la culpabilidad de los exfuncionarios por delitos como homicidio, maltrato infantil, abuso de autoridad e incumplimiento del deber. Entre los condenados destacan:
- Santos Torres, exdirector del centro, y Carlos Rodas, exsecretario de Bienestar Social, con penas mínimas de 20 años cada uno.
- Lucinda Marroquín, exagente de la Policía Nacional que tenía las llaves del aula pero no abrió de inmediato, recibió 13 años.
- Brenda Chamán, exdirectora de protección especial de la Secretaría de Bienestar Social, fue sentenciada a 12 años.
- Luis Pérez Borja, ex subcomisario de la Policía Nacional, y Gloria Castro, exdefensora de la niñez de la Procuraduría de Derechos Humanos, recibieron seis años cada uno.
Un séptimo implicado, Harold Flores, exprocurador de la niñez y adolescencia, fue absuelto.
¿Cómo ocurrió el incendio en Guatemala?
Aquel 8 de marzo de 2017, casi 100 menores intentaron huir del hogar debido a los abusos denunciados. Las autoridades los recapturaron y separaron por género: los niños en un auditorio y las niñas en un salón cerrado. Según la investigación, durante horas las menores permanecieron encerradas sin acceso a baño.
Una de ellas encendió una cerilla para forzar a las autoridades a liberarlas, pero el fuego se propagó rápidamente. En consecuencia, más de una decena de policías discutieron si abrir la puerta, mientras la oficial responsable tenía las llaves colgando de su cinturón. Finalmente, la mayoría de las niñas murieron por las llamas y el humo.
Impacto en las familias de las niñas
En la audiencia, familiares lloraban y se abrazaban al escuchar las sentencias. Elba Contreras, una de las sobrevivientes, celebró que la jueza ordenara nuevas investigaciones, incluso contra el expresidente Jimmy Morales, por su posible responsabilidad.
El abogado de derechos humanos Edgar Pérez, representante de varias familias, advirtió que los condenados podrían retrasar su ingreso a prisión apelando la sentencia.
