Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, demarcación donde se concentró la protesta de la generación Z el pasado sábado, condenó la actuación del gobierno de la Ciudad de México (CDMX) y la represión contra los manifestantes. La alcaldesa aseguró que los monitoreos arrojaron un "mayúsculo abuso policial" y graves irregularidades en la entrega de los detenidos al Ministerio Público.

Rojo de la Vega fue contundente en su crítica, acusando al partido gobernante de un giro autoritario en la gestión de las protestas sociales:

“Es gravísimo que Morena haya decidido criminalizar la protesta, está clarísimo que Morena está convirtiendo a México en un Estado policial, usando leyes, instituciones y fuerzas del Estado para silenciar, perseguir, intimidar", dijo.

La alcaldesa señaló que la intención del gobierno es "sembrar miedo" y "borrar, eliminar cualquier cuestionamiento que se haga, venga de donde venga”. Las denuncias se centran en el uso excesivo de la fuerza contra los jóvenes, un hecho documentado por videos ciudadanos.

Además de denunciar los excesos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la alcaldesa de Cuauhtémoc reprochó el silencio de los órganos autónomos encargados de proteger a los ciudadanos, como es la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDH-CDMX).

El silencio de estas instituciones, sumado a la negativa de la SSC de dar una versión creíble sobre la golpiza a un manifestante (argumentando que "se cayó"), refuerza la percepción de impunidad y el uso político de las instituciones para reprimir a la disidencia.