Lo que debía ser una discusión legislativa para definir nuevas reglas del uso del agua en México terminó convirtiéndose en un pleito político donde salieron nombres, cifras y acusaciones que pocos esperaban escuchar en voz alta. En medio del debate, diputados y senadores denunciaron la existencia de un supuesto “cártel del agua”, integrado —según ellos— por personajes de distintos partidos que habrían acaparado enormes cantidades del recurso.
Aunque ya se hablaba de acaparadores dentro del PAN y del PRI, la sorpresa vino cuando legisladores de oposición afirmaron que también dentro de Morena habría políticos que han concentrado miles o millones de metros cúbicos de agua para sus propios intereses.
Los nombres que subieron la temperatura del debate de la Ley de Aguas
Durante la sesión, el diputado Héctor Saúl Téllez, del PAN, exhibió una lista de personajes que, según él, forman parte de este entramado. Entre esos nombres mencionó a la gobernadora Layda Sansores, quien —dijo— tendría más de 600 mil millones de metros cúbicos concesionados en Campeche. También señaló a José “Ratón” López Beltrán y presuntos vínculos con concesiones en Nayarit, Guerrero, Sonora y Quintana Roo.
Otra persona mencionada fue la senadora Olga Sánchez Cordero, a quien se le atribuyeron poco más de 2.6 millones de metros cúbicos en Nuevo León. En Yucatán, afirmó, el empresario Alfonso Romo tendría alrededor de cinco millones de metros cúbicos a través de una de sus compañías.
Las acusaciones no pararon ahí. Se señaló también a Altagracia Gómez, asesora económica de la presidenta Claudia Sheinbaum, por supuestamente concentrar más de 2 millones de metros cúbicos.
En el Senado el PAN señaló a Morena
El tema escaló cuando, desde el Senado, el PAN aseguró que dentro de la bancada de Morena hay personajes que acaparan más agua que todos los señalados de la oposición juntos. Ricardo Anaya afirmó que uno de los líderes de Morena en la Cámara Alta —Adán Augusto López Hernández— tendría concesiones de agua que superan, por sí solo, el volumen total registrado por los legisladores panistas.
¿Ley de Aguas para quién? Las dudas que persisten
Entre acusaciones y pancartas, quedó claro que el debate dejó más preguntas que respuestas. Productores del campo y usuarios de riego temen que la nueva Ley de Aguas pueda convertirse en un instrumento de control político, sobre todo si quienes toman las decisiones han sido señalados de tener intereses personales en este recurso.
La sospecha más repetida es sencilla: o la ley busca darle más poder al gobierno para administrar el agua a conveniencia, o algunos políticos estarían cuidando que las reglas no les quiten las ventajas que ya tienen.
