La capital de Chiapas se mantiene en alerta urgente tras darse a conocer que dos de las cuatro maestras señaladas por presunto maltrato infantil en un centro de atención psicológica integral en Tuxtla Gutiérrez fueron vinculadas a proceso.

Durante la audiencia realizada en el Centro Penitenciario El Canelo, un juez determinó que a una de ellas se le impondría la medida cautelar de firma periódica, además de la prohibición de salir del estado y de acercarse a los domicilios de las víctimas.

Por presunto abuso contra menores investigan a docentes en Chiapas

La investigación inició en agosto, luego de la denuncia de 13 menores que habrían sufrido abusos dentro de la institución, la cual atendía principalmente a niños con autismo y otros diagnósticos neurodivergentes.

De acuerdo con los dictámenes periciales, al menos cinco de los pequeños presentaron signos de maltrato físico y psicológico.

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Irregularidades en investigación por presunto maltrato contra menores en Tuxtla Gutiérrez

Con evidente indignación, madres de familia compartieron su testimonio a las afueras del penal.

“Hay cinco niños, cinco niños con maltrato físico. Entre ellos está mi hijo. Por eso estoy aquí. Pues, con mucha tristeza, nos dijeron que son niños no aptos. No se puede medir el daño porque son niños que no hablan”, expresó Yanci Rivera, madre de una de las víctimas.

Los padres también señalaron irregularidades en la obtención de pruebas. “Que la fecha del 21 de julio, cuando comienza el curso de verano, al 30 de julio, que es en que los niños asisten, no hay videos.

“Hay videos de antes, pero en esa fecha especial en que nuestros niños sufrieron violencia, no hay videos. Dicen que la cámara tenía fallos, pero se contradicen diciendo que la memoria no corresponde a la videocámara”, denunció Verónica Moreno, otra madre afectada.

Mientras tanto, las familias insisten en que el daño psicológico es evidente: “Muchos han manifestado conductas que ya se habían logrado mejorar. Eso es lo que le exigimos a la Fiscalía, que se haga cargo de eso, porque el daño psicológico no se ve”, agregó la señora Alejandra.

Las autoridades confirmaron que las otras dos maestras señaladas no comparecieron: una alegó problemas de salud y la otra tramitó un amparo. El juez fijó un plazo de dos meses para el desahogo de pruebas.