La Justicia de Argentina procesó este jueves 10 de julio al expresidente Alberto Fernández (que gobernó de 2019-2023) por presuntas irregularidades en la contratación de seguros estatales durante su mandato. Según el fallo del juez federal Sebastián Casanello, Fernández incurrió en el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, el cual contempla penas de uno a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
¿De qué acusan al expresidente de Argentina Alberto Fernández?
De acuerdo con el juez Casanello, Alberto Fernández habría intervenido directamente para favorecer los negocios del bróker de seguros Héctor Martínez Sosa, un allegado suyo que fue su cliente cuando Fernández trabajaba como abogado entre 2010 y 2019. El magistrado considera probado que, ya como presidente, el exmandatario impulsó la expansión de los contratos de Martínez Sosa con el Estado, beneficiando directamente a su entorno cercano.
El negocio también habría involucrado a María Cantero, esposa de Martínez Sosa, quien fue designada como secretaria privada del presidente al inicio de su gestión. Según la investigación, la pareja habría recibido comisiones millonarias a través de Nación Seguros, compañía estatal que adjudicó más del 60% de sus pagos por comisiones a Martínez Sosa durante la presidencia de Fernández.
Embargo millonario y más de 30 procesados junto con Alberto Fernández
El juez ordenó un embargo preventivo sobre los bienes del expresidente por un monto superior a los 14.634 millones de pesos argentinos, equivalente a más de 15 millones de dólares. Junto a Fernández fueron procesadas otras 33 personas, incluyendo a Cantero (por negociaciones incompatibles e incumplimiento de deberes), Martínez Sosa (como partícipe necesario) y Alberto Pagliano, extitular de Nación Seguros, por administración fraudulenta agravada.
Aunque aún no se ha dictado una condena, el peso del embargo y la magnitud del caso ponen en entredicho la transparencia en la gestión de seguros durante su gobierno. El expresidente aún puede apelar la decisión, pero el caso continúa avanzando en tribunales federales.
