El Parlamento de Nicaragua aprobó una ley con el fin de anular las sanciones extranjeras emitidas contra Rosario Murillo, vicepresidenta y esposa del dictador Daniel Ortega , así como contra varios de sus hijos y funcionarios del gobierno.
La resolución, aprobada el lunes 25 de noviembre de 2024, no puede detener el impacto de las sanciones en el extranjero, pero sí obliga a los bancos y otras instituciones dentro de Nicaragua a ignorarlas.
¿Qué aprobó el Parlamento de Nicaragua?
La llamada “Ley de Protección de los Nicaragüenses ante Sanciones y Agresiones Externas”, que amenaza con multas y cierre a las entidades que las apliquen en el país e incluso con cárcel a quienes las acaten, fue aprobada por unanimidad por los 91 diputados, todos del gobernante Frente Sandinista y aliados, después de que Ortega enviara el proyecto al Parlamento la semana pasada.
Analistas críticos de la dictadura de Nicaragua han advertido que la ley complicará la situación del sistema financiero nicaragüense, ya que los bancos tendrían que desacatar las sanciones internacionales y reactivar las cuentas bancarias y transacciones financieras de los afectados.
“Les han puesto una pistola en la cabeza a los banqueros: si cumplen, se arriesgan a caer bajo la órbita de las sanciones o que se cancelen líneas de crédito bancarias o corresponsalías”, dijo a la agencia de noticias Reuters el economista nicaragüense Enrique Sáenz, exiliado actualmente en Costa Rica.
“Si no cumplen, se arriesgan a sanciones por parte de la dictadura bicéfala y caer en una espiral de consecuencias impredecibles”, añadió Sáenz, un exdiputado opositor.
¿Quiénes están sancionados en Nicaragua?
Estados Unidos , la Unión Europea, Suiza y Canadá han sancionado a unos 50 funcionarios del Estado, incluyendo a Murillo, jefes de la Policía y del Ejército, señalados por cometer graves violaciones a los derechos humanos durante las protestas de abril de 2018 que dejaron más de 300 muertos, según organismos humanitarios.
También han sido sancionados varios hijos de Murillo y Ortega y una veintena de empresas vinculadas al gobierno nicaragüense.
Cabe recordar que la semana pasada una reforma constitucional que somete los poderes del Estado al Ejecutivo , aumenta el control sobre los medios, amplía el periodo presidencial a seis años y crea los cargos de copresidente y copresidenta, entre otras polémicas medidas.
