La ministra Yasmín Esquivel Mossa enfrenta un nuevo episodio legal luego de que se confirmara una propuesta de multa en su contra por recibir apoyo indebido durante el inicio de su campaña. El tema será discutido próximamente en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

¿Por qué se busca sancionar a Yasmín Esquivel?

El caso se remonta al 30 de marzo, cuando Esquivel dio inicio a su campaña en un evento en Ecatepec, Estado de México, al que asistieron integrantes de la sección 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), en esa ocasión la ministra omitió rechazar aportaciones en especie provenientes de un ente no autorizado por la ley, lo que se tradujo en una falta administrativa.

El 28 de julio, el INE concluyó que Esquivel recibió apoyo en la organización del evento denominado “Diálogos por la Transformación de la Justicia en México”, donde se emplearon elementos como mamparas, pantallas y un podio que fueron proporcionados por el sindicato. Estos objetos, al contener fines propagandísticos, se consideraron aportaciones prohibidas.

TEPJF: sanción a Esquivel está justificada y no requiere esperar otros procesos

Tras la resolución del INE, Esquivel interpuso un recurso de apelación el pasado 8 de agosto ante el TEPJF, alegando que la sanción era desproporcionada. Sin embargo, el proyecto elaborado por el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón señala lo contrario: la multa de 16 mil 857.86 pesos es adecuada y está sustentada en la normativa electoral.

El magistrado argumentó que no era necesario esperar la conclusión de otros procedimientos sancionadores para resolver este caso, pues la conducta ya estaba claramente tipificada en la ley.

La propuesta de Rodríguez Mondragón busca que el pleno del Tribunal confirme la sanción impuesta por el INE. En caso de aprobarse, Esquivel deberá cubrir el monto señalado.

Este asunto se discutirá en la próxima sesión de la Sala Superior del TEPJF, instancia que tendrá la última palabra sobre la legalidad de la sanción.