Huachicol y pensiones en riesgo: Las promesas del gobierno de Morena
Tres años después, los 10 millones de litros de diésel incautados sugieren que la cruzada contra el huachicol dejó más palabras que justicia.
El Fondo de Pensiones de los Trabajadores del Estado va que vuela a convertirse en una de las nuevas “herencias malditas” de la administración encabezada por Morena.
Este tema, que genera incertidumbre sobre la seguridad financiera de miles de trabajadores, se suma a otros problemas emblemáticos, como el robo de combustible, mejor conocido como huachicol, una actividad delictiva que el expresidente Andrés Manuel López Obrador prometió erradicar, pero que sigue vigente, exhibiendo grietas en las estrategias gubernamentales.
El caso de Altamira y los 10 millones de diésel robados
A pesar de los discursos oficiales que aseguran avances significativos, los hechos recientes contradicen estas afirmaciones. Un claro ejemplo ocurrió en Altamira, Tamaulipas, donde un operativo de las fuerzas federales reveló el aseguramiento de 10 millones de litros de diésel robado.
En esta acción se incautaron un buque, 192 contenedores, 29 tractocamiones, armamento y vehículos pertenecientes a organizaciones criminales dedicadas al huachicol.
El anuncio fue realizado a través de un comunicado y redes sociales por el secretario Omar García Harfuch, quien destacó el supuesto golpe a los criminales. Sin embargo, esta incautación también pone en evidencia que el problema persiste y, en algunos casos, parece haberse agravado.
Promesas incumplidas sobre el fin del huachicoleo
El expresidente Andrés Manuel López Obrador afirmó en 2019, al inicio de su gobierno, que sellaría los ductos de PEMEX para acabar con el robo de combustibles.
“Se acabó, se cierran los ductos y se acaba el huachicol”, dijo en su momento.
Para reforzar este compromiso, se adquirió un costoso ejército de pipas valorado en 92 millones de dólares, con el que se esperaba garantizar el abasto seguro de combustibles; sin embargo, los resultados distan de ser los esperados; los ductos siguen siendo vulnerables y los huachicoleros continúan operando con fuerza, despachándose “con manguera ancha”.
El gobierno morenista prometió erradicar esta práctica con “mano dura”, pero los discursos parecen haber prevalecido sobre los hechos. A principios de su mandato, López Obrador reconoció los sabotajes a los ductos, pero aseguró que con apoyo de las fuerzas armadas y la población se había eliminado “prácticamente” esta actividad delictiva. Tres años después, los 10 millones de litros de diésel incautados sugieren que la cruzada contra el huachicol dejó más palabras que justicia.
