Las Comisiones del Senado de la República aprobaron un nuevo dictamen en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, buscando modernizar y regular un sector vital para México. Esta legislación, de gran envergadura, tiene como objetivo establecer las bases de las políticas en telecomunicaciones , radiodifusión y servicios satelitales, regulando desde el espectro radioeléctrico hasta los derechos de los usuarios.

Sin embargo, el camino no ha sido exento de controversias, con voces que señalan posibles inconstitucionalidades y riesgos para libertades fundamentales.

Uno de los cambios más significativos respecto a la iniciativa original, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, es la designación de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones como la principal autoridad en la materia. Este organismo, y no la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones , será el responsable de supervisar y promover el aprovechamiento del espectro radioeléctrico, los recursos orbitales, las redes públicas, servicios de infraestructura pasiva y la comunicación satelital.

La Comisión Reguladora se concibe como un órgano administrativo desconcentrado de la Agencia, dotado de independencia técnica, operativa y de gestión. Estará integrada por cinco Comisionados con voz y voto, incluyendo a su Presidente. Su función será crucial para regular el acceso a la infraestructura esencial, buscando garantizar una competencia justa en el sector.

¿Cuáles son los peligros de la nueva Ley de Telecomunicaciones?

A pesar de los esfuerzos por mejorar la propuesta, algunas voces en el Senado han levantado advertencias . La senadora Claudia Anaya señaló una posible inconstitucionalidad en el dictamen, argumentando que no se incluye una reforma constitucional que faculte al Senado para avalar a los integrantes de la Comisión Reguladora. "Nosotros no tenemos en el 76 constitucional la facultad de nombrar a estos consejeros. Entonces estaríamos cometiendo un acto inconstitucional", explicó Anaya.

Por su parte, el coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya, advirtió sobre tres riesgos persistentes que, a su juicio, reflejan una "vena autoritaria" en la propuesta:

  1. El registro obligatorio de usuarios de telefonía móvil.
  2. La geolocalización en tiempo real de dispositivos móviles sin orden judicial.
  3. La facultad de suspender transmisiones bajo criterios vagos.

"Hay avances importantes, sin duda; pero si no corregimos el registro de usuarios de telefonía móvil; la geolocalización en tiempo real—en el artículo 183—; y la facultad para suspender transmisiones con una cosa tan vaga y abierta como el derecho de las audiencias, no habrá manera de acompañar este dictamen", sentenció Anaya.

Morena defiende Ley de Telecomunicaciones

El senador de Morena y presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, Antonio Álvarez Lima, defendió el dictamen, asegurando que se han atendido importantes preocupaciones y se han integrado propuestas surgidas de conversatorios con expertos.

Entre los avances destacados por Álvarez Lima, se encuentran:

  • Prohibición de la Censura Previa: Los artículos 209 y 215 buscan garantizar el ejercicio libre del derecho de expresión e información, conforme a la Constitución y los tratados internacionales.
  • Confidencialidad de Comunicaciones: El artículo 107 protege la confidencialidad de las comunicaciones, permitiendo excepciones solo por mandato judicial.
  • Eliminación de Control de Contenidos Gubernamental: Se eliminaron los artículos que otorgaban atribuciones a la Secretaría de Gobernación y a la Agencia de Transformación Digital para intervenir en contenidos o bloquear plataformas.
  • Refuerzo a los Derechos de las Audiencias: Se establece una clara diferencia entre información noticiosa y opinión.
  • Certeza Jurídica para Concesionarios: Se promete garantizar certeza jurídica y condiciones de libre competencia.

Álvarez Lima enfatizó que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, con independencia técnica y operativa, será la responsable de la autorización, regulación, vigilancia y sanción de los servicios, y que sus reuniones serán públicas.