Hechos con Javier Alatorre: La controversia del “impuesto saludable”, la narcoguerra en Sinaloa y el multimillonario fraude del huachicol.

El gobierno le quiere poner un “curita” al deplorable sistema de salud aumentando los impuestos en bebidas azucaradas. Además ¿qué tantas pérdidas ocasiona el robo de combustible? Y se cumple un año de que inició la narcoguerra en Sinaloa que ha dejado miles de afectados y terror en todo el estado. Esto y más en Hechos con Javier Alatorre.

El gobierno federal anunció un incremento al impuesto sobre las bebidas azucaradas, que pasará de 1.64 pesos a 3.08 pesos por litro en 2026, con lo que espera recaudar 35 mil millones de pesos destinados a fortalecer políticas de salud. Sin embargo, la oposición cuestiona que este aumento no ha reducido la obesidad ni la diabetes, pese a que la recaudación por este concepto prácticamente se ha duplicado en los últimos años.

Líderes del PAN y PRI criticaron que el llamado “impuesto saludable” solo engrosará el gasto corriente, mientras los problemas de salud siguen creciendo. Proponen reducir el IVA al agua embotellada, invertir en centros de salud y garantizar que los recursos se usen directamente en prevención y tratamiento. La polémica surge porque, aseguran, el gobierno incumplió su promesa de no aumentar impuestos ni crear nuevos gravámenes.

La justicia mexicana busca a los socios y directivos de las empresas Mefra Fletes y AMOL, acusados de tráfico ilegal de hidrocarburos. Entre ellos están Roberto Blanco Cantú, conocido como “El Señor de los Buques”; Tadeo Amaya Olvera; José Isabel Murguía Santiago; y José René Tijera Mendoza, todos vinculados al decomiso de 8 millones de litros de combustible en marzo pasado en Baja California. También figura en la orden de captura el exjuez Anuar González Hemadi, ya detenido por contrabando de diésel.

Las investigaciones revelan que Murguía Santiago, hermano del expresidente municipal preso de Teuchitlán, y Tijera Mendoza se asociaron con Blanco Cantú en Mefra Fletes desde 2019, mientras que Amaya Olvera y su hermano habrían colaborado desde AMOL en la red de tráfico. González Hemadi, quien fungió como administrador único de Mefra, es hasta ahora el único arrestado. Las autoridades siguen el rastro financiero y operativo de estas empresas para desmantelar la red de contrabando.

En México, uno de cada tres litros de gasolina que se consume proviene del contrabando, lo que significa que cerca del 30% del combustible entra al país sin pagar impuestos. A pesar de su origen ilegal, las gasolineras venden este combustible al mismo precio, por lo que los consumidores pagan impuestos que no llegan a las arcas públicas, sino a redes criminales. El precio promedio por litro es de 24 pesos, de los cuales el 40% corresponde a impuestos.

Este negocio ilícito genera ganancias estimadas de 493 millones de pesos diarios para las redes de contrabando y provoca pérdidas de hasta 180 mil millones de pesos anuales en recaudación. Las estaciones de servicio implicadas evitan bajar los precios para no levantar sospechas, mientras funcionarios corruptos y grupos criminales se benefician del esquema. El consumidor, sin saberlo, termina financiando este negocio millonario al pagar cada litro de combustible.

Una red de corrupción integrada por marinos y funcionarios federales convirtió a Tamaulipas en su base de operaciones para el contrabando de combustible y tráfico de drogas. Según un expediente judicial, entre 2023 y 2024 lograron que 14 buques cargados de diésel ingresaran al país haciéndolo pasar por aditivo, con apoyo de altos mandos como el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano, el contraalmirante Fernando Farías. La operación incluyó sobornos millonarios a empleados de aduanas, quienes recibían pagos en sobres o cajas de perfume para permitir el arribo de embarcaciones ilegales.

Entre los implicados destacan “Santo”, exdirector de la aduana de Tampico y testigo protegido; así como altos funcionarios y jefes de departamento que facilitaron la entrada del combustible. Las ganancias ilícitas permitieron a algunos adquirir propiedades y autos de lujo. Hasta ahora, 14 personas fueron vinculadas a proceso por delincuencia organizada y hay otras 14 órdenes de aprehensión pendientes, lo que exhibe las consecuencias de haber puesto bajo control naval los puertos aduanales, manchando la imagen de una institución antes considerada intachable.

El fraude millonario relacionado con gasolina ilegal, que habría costado al erario 170 mil millones de pesos, ha desatado un fuerte debate político. Senadores de oposición aseguraron que este escándalo era “un secreto a voces” desde hace al menos tres años y exigen sanciones ejemplares para todos los involucrados. Señalan directamente al expresidente Andrés Manuel López Obrador de haber estado al tanto de estos ilícitos y no denunciarlos, así como de haber permitido el llamado “huachicol fiscal”.

Legisladores también pidieron investigar a altos mandos, incluido el exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, a quien acusan de haber protegido redes de corrupción. Incluso Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado y militante de Morena, respaldó que la investigación llegue “hasta donde tope”. La oposición insiste en que este caso demuestra complicidad en niveles de gobierno y demanda el fin de la impunidad.

En Tabasco, las autoridades han detenido a 76 cabecillas del llamado Cártel de La Barredora, organización criminal que, según informes, creció durante el gobierno estatal de Adán Augusto López Hernández. Entre los capturados destacan “El Vampiro” y “El Mamado”, cuyo testimonio llevó a la Fiscalía General de la República a catear una lujosa residencia en el fraccionamiento Altozano, donde se aseguraron armas de fuego, animales exóticos y otros bienes.

Aunque no se ha revelado oficialmente el dueño de la propiedad, filtraciones apuntan a un contratista identificado como Mario “N”, beneficiado con contratos millonarios en el sector hidrocarburos durante el sexenio pasado. La Profepa quedó a cargo del resguardo de los animales, mientras que la investigación avanza para determinar la legalidad de las armas y permisos. Autoridades mantienen vigilancia discreta en la zona.

El 9 de septiembre de 2024 marcó el inicio de una sangrienta narcoguerra en Culiacán, Sinaloa, derivada del secuestro y entrega de Ismael “El Mayo” Zambada a la DEA, lo que desató enfrentamientos entre el Cártel de los Chapitos y Los Mayitos. Los ataques comenzaron en la carretera México 15 y rápidamente se extendieron al casco urbano, dejando un rastro de vehículos abandonados, casas baleadas y pánico entre la población. Testimonios ciudadanos relatan explosiones y tiroteos prolongados, mientras que los grupos armados despojaban automóviles para huir o atacar a sus rivales.

A un año del inicio del conflicto, Sinaloa registra más de mil 700 homicidios dolosos, según datos oficiales, y la violencia ha cobrado la vida de hombres, mujeres, niños e incluso trabajadores del sector salud. Habitantes señalan que el miedo ha paralizado su vida diaria, mientras que ni el gobierno estatal ni el federal han logrado controlar la ola de violencia que mantiene a Culiacán en zozobra.

Volaris celebró la incorporación de su avión número 150, un Airbus A321 con capacidad para 228 pasajeros, que promete reducir el consumo de combustible. La aerolínea, que inició operaciones hace 19 años con solo dos aviones rentados, ahora cuenta con 77 rutas nacionales e internacionales, conectando 44 destinos en México y 29 en Estados Unidos, Centro y Sudamérica. Con más de 200 millones de pasajeros transportados, la compañía reafirma su liderazgo en México, especialmente en Guadalajara, considerado su pilar estratégico.

Durante el evento, Volaris anunció cinco nuevas rutas desde Guadalajara hacia Puebla, Villahermosa, Durango, Zihuatanejo y Bogotá, sumando así 49 destinos desde Jalisco. Además, presentó nuevos beneficios para sus clientes, incluyendo un programa de puntos para viajes y productos, así como el lanzamiento de Volaris Premium Plus, con asientos más amplios y equipaje incluido. Con estas iniciativas, la aerolínea busca mantener tarifas accesibles y fortalecer su presencia en el mercado latinoamericano.

En Nepal, miles de jóvenes salieron a las calles para protestar contra el gobierno tras el bloqueo de 26 plataformas de redes sociales, incluyendo WhatsApp, Facebook, Instagram y TikTok. Las autoridades justificaron la medida argumentando que en estas plataformas se difundían noticias falsas y discursos de odio, pero los manifestantes lo interpretaron como un intento de censura. Las protestas escalaron rápidamente, con incendios en la residencia del primer ministro, el parlamento y la sede del Tribunal Supremo, desatando una fuerte represión policial.

Más de 20 personas, incluida la esposa de un ex primer ministro, murieron en los enfrentamientos, y Amnistía Internacional denunció el uso de balas reales contra los manifestantes. A pesar de la violencia, las marchas lograron la dimisión del primer ministro y continúan exigiendo que se eliminen los planes gubernamentales para censurar medios, reprimir críticas y perpetuar la corrupción y el nepotismo.