El amparo que promovió la jueza veracruzana, Angélica Sánchez Hernández, para echar abajo la prisión preventiva justificada que se le impuso por supuestos delitos contra la fe pública y tráfico de influencias, será analizado por la justicia federal.
Este miércoles la juzgadora de amparo Viridiana Ramos, aceptó revisar la demanda en la que su colega argumenta que es víctima de persecución política por parte del gobierno de Veracruz, que encabeza Cuitláhuac García.
Justicia federal concede suspensión para jueza de Veracruz
La titular del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal con residencia en Veracruz, Fabiola Viridiana Ramos Castillo concedió una suspensión provisional a la juzgadora local ,pero solo para el efecto de que su libertad personal quede a disposición del juzgado de amparo.
La jueza Angélica Sánchez Hernández señaló que el pasado16 de junio alrededor de las 7:20 horas fue detenida en la Ciudad de México por elementos de la Guardia Nacional (GN), cuando se dirigía a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para buscar una reunión con la ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández.
¿Qué argumentó la jueza de Veracruz en su demanda de amparo?
“Dichas personas me trasladaron a la Fiscalía Antisecuestros de la Ciudad de México de forma ilegal y arbitraria -no se identificaron, no portaban uniforme, los vehículos no tenían ningún logo o referencia de alguna corporación policial, tampoco mostraron la orden de aprehensión-. Esto, a pesar de que contaba con una suspensión provisional concedida dentro del juicio de amparo indirecto 540/2023 por el juzgado Décimo Quinto de Veracruz, promovido el 9 de junio de 2023 contra las posibles órdenes de aprehensión en mi contra”, afirmó.
Fue el 21 de junio cuando un juez de control de Veracruz vinculó a proceso a Sánchez Hernández, por presuntamente haber ordenado de forma ilegal la libertad del presunto narcotraficante Itiel Palacios, por fallas en el procedimiento de detención e irregularidades en las declaraciones, por lo que las autoridades ministeriales estatales decidieron proceder legalmente contra la jueza.
