Jueza ordena a la FGR abrir el expediente del exvicealmirante Farías Laguna por huachicol fiscal

La Fiscalía General de la República (FGR) sufrió un duro revés en los tribunales luego de que una jueza federal ordenara abrir de forma completa y sin censuras la carpeta de investigación que se sigue en contra del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna.

De acuerdo con un comunicado emitido por el despacho Epigmenio Mendieta & Abogados, la determinación se dio durante una audiencia de omisión de actuaciones y tutela de derechos celebrada este 4 de marzo de 2026. Durante la diligencia, correspondiente a la Causa Penal 325/2025, la Jueza de Control Mariana Vieyra Valdés instruyó a la FGR a informar por escrito, y de manera detallada, el tamaño real del expediente.

Esto significa que la Fiscalía debe contabilizar cuántos tomos, anexos, cuadernillos y técnicas de investigación conforman la indagatoria, con la obligación legal de entregarlos en su totalidad a los abogados defensores.

Para entender la magnitud de esta pugna legal, es vital recordar el origen de la investigación. El vicealmirante Farías Laguna fue detenido en septiembre de 2025 acusado por la FGR de ser uno de los presuntos operadores y líderes de una gigantesca red de "huachicol fiscal" (contrabando a gran escala de hidrocarburos).

Según las indagatorias, esta estructura criminal habría operado en contubernio con funcionarios de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) para permitir el ingreso irregular de megabuques provenientes de Estados Unidos cargados con millones de litros de diésel ilegal, declarándolos falsamente como "aditivos" para eludir el pago de impuestos. Es por esta razón que el expediente involucra oficios y diligencias directas tanto con la Secretaría de Marina como con las autoridades aduaneras.

Uno de los puntos procesales más relevantes de la resolución de la jueza Vieyra Valdés es el combate frontal a la censura de información. La autoridad judicial ordenó que, dentro del mismo plazo de 15 días, la Fiscalía deberá citar a la defensa para llevar a cabo un escrupuloso cotejo de la información.

Los abogados tendrán el derecho de comparar los "tomos testados" (documentos que la FGR les entregó previamente con párrafos tachados o información oculta bajo el argumento de secrecía) directamente frente a los documentos originales. Con esto, se busca permitir un acceso íntegro a la carpeta para que la defensa pueda tomar las notas correspondientes y estructurar su caso.

Para garantizar el derecho a una defensa adecuada, el tribunal instruyó que el equipo legal del mando naval tenga acceso a la investigación cuantas veces sea necesario. Incluso se determinó que dicho acceso deberá incluir la presencia de peritos particulares que acompañen a los abogados en la revisión de las fojas, con la única condición de que las citas se soliciten por vías formales.

La audiencia también exhibió presuntos retrasos por parte del Ministerio Público Federal. La jueza ordenó a la FGR emitir los acuerdos que tenía pendientes respecto a los actos de investigación solicitados por la defensa, así como remitir de inmediato los oficios correspondientes a la Secretaría de Marina y a Aduanas, diligencias que habían sido requeridas previamente por los abogados sin obtener respuesta.

Ante la controversia generada, la jueza determinó activar un mecanismo de "auxilio judicial". Bajo esta figura, la defensa informará al tribunal todos los actos de investigación que solicitó, mientras que la FGR estará obligada a explicar detalladamente cómo atendió cada uno de ellos, permitiendo que el juzgado revise la actuación de la Fiscalía punto por punto.