¿A trompicones? Así ha sido la larga y complicada relación entre la DEA y México

La Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos inició sus operaciones en México en 1975, para tratar de colaborar con las autoridades mexicanas para combatir el narcotráfico.

Aunque en ocasiones ha existido cooperación entre dicha agencia y las autoridades mexicanas, la relación también ha estado marcada por tensiones crecientes. La DEA ha desempeñado un papel crucial en la recopilación de inteligencia y en la desarticulación de cárteles de droga. Sin embargo, su presencia genera diferentes puntos de fricción con el gobierno mexicano que alega la soberanía en sus decisiones. Este escenario ha evolucionado a lo largo de las décadas, reflejando una relación compleja que va más allá de la simple colaboración antidrogas.

En 1975, el gobierno de México y el de Estados Unidos firmaron un acuerdo para aplicar la “Operación Cóndor”, una estrategia para eliminar plantíos de marihuana. Las autoridades estadounidenses brindaron equipos aéreos y químicos con el fin de destruir los campos de dicho estupefaciente.

No obstante, agentes de la DEA descubrieron que las autoridades mexicanas sólo lanzaban agua desde el aire, por lo que el gobierno de México autorizó que los agentes de dicha oficina estadounidense supervisaran estos vuelos. Sin embargo, lo peor vino casi 10 años después con el asesinato de un destacado agente de la DEA.

Uno de los episodios más emblemáticos y dolorosos que marcó la interacción entre la DEA y México fue el secuestro y asesinato del agente estadounidense Enrique “Kiki” Camarena en 1985.

En un inicio, los agentes de la DEA hallaron un plantío de marihuana llamado “El Búfalo” a finales de 1984, propiedad del narcotraficante Rafael Caro Quintero, líder del Cártel de Guadajalara. Tres meses después, “Kiki” Camarena y el piloto mexicano Alfredo Ávalo fueron secuestrados y asesinados en el estado de Michoacán.

John Gavin, entonces embajador de Estados Unidos en México, denunció ante medios de comunicación que había corrupción en las instituciones policíacas mexicanas.

Este caso expuso la profunda penetración del narcotráfico en territorio mexicano y evidenció la vulnerabilidad de la cooperación. La DEA acusó directamente a poderosos cárteles y funcionarios corruptos, lo que tensó aún más la relación diplomática.

Décadas después, la detención del general Salvador Cienfuegos en octubre de 2020 por autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con el narcotráfico desató una controversia política y judicial de gran magnitud.

El gobierno de México exigió el regreso inmediato del exsecretario de la Defensa Nacional, señalando que la detención atentaba contra la soberanía nacional y ello desató un cambio a la legislación para las operaciones de la DEA en territorio nacional.

“Que las reglas estén claras, que la relación la tenga el Estado mexicano a través de una dependencia responsable, que no se pueda tener relaciones con todas las secretarías sin saber el tipo de misión que se está llevando a cabo”, dijo el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia del 8 de diciembre de 2020.

Finalmente, Estados Unidos decidió liberar a Cienfuegos y entregarlo a su país bajo promesa de una investigación, lo que derivó en la exoneración del exsecretario de la Defensa que dejó claro que la desconfianza y el desacuerdo aún persisten.

Ahora, en 2025, la DEA anunció en el Proyecto Portero, una operación que buscará ir contra los “guardianes” o los jefes de plaza de los cárteles mexicanos de la droga que trafican con sustancias como el fentanilo, metanfetaminas y cocaína.

El anuncio, realizado el lunes 18 de agosto de 2025 en un comunicado, señala que dicha dependencia estadounidense trabajará “en coordinación con nuestras contrapartes mexicanas”. No obstante, un día después, Claudia Sheinbaum, presidenta de México, rechazó dicha relación y aseguró que “no hemos llegado a ningún acuerdo” sobre este proyecto.