En la ciudad de Villahermosa, Tabasco, en horas recientes, 14 policías y 2 funcionarios del municipio de Nacajuca fueron vinculados a proceso por su presunta participación en los delitos de portación de arma de fuego y narcomenudeo; así lo confirmó la Fiscalía General del Estado.
Fue durante la noche del 11 de febrero del 2025, que el órgano estatal de justicia informó a través de un comunicado en sus plataformas oficiales que, como resultado del cateo efectuado en la ranchería ‘El Hormiguero’ a inicios del presente mes, se determinó que los 14 agentes de la policía de Nacajuca y los dos civiles fueran puestos a disposición del Juzgado de Control de la Región Judicial Seis y quedaran bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada.
#BoletínFGE: Por portación de arma de fuego y narcomenudeo, vinculación a proceso de 16 personas aseguradas en #Nacajuca.https://t.co/hMJcRvHVzs pic.twitter.com/gH6WNX0tZt
— Fiscalía General de Tabasco (@FGETabasco) February 12, 2025
La Fiscalía General del Estado reiteró su compromiso para este caso y advirtió que mantendrán el trabajo efectivo y coordinado con otras autoridades, con el interés de contribuir al combate de los delitos de impacto social.
Familiares de los detenidos aseguran que las armas y las drogas fueron sembradas
La reciente detención de 16 personas, incluyendo 14 policías, el director jurídico del ayuntamiento y el subdirector de seguridad pública, ha desatado un sinfín de controversias. Los detenidos estaban en un convivio privado, organizado por el dueño del rancho ‘La Esperanza’, José Ovando, cuando irrumpieron militares y agentes de la Guardia Nacional tras una denuncia anónima sobre la presencia de personas armadas.
De acuerdo con el Secretario de Seguridad de Tabasco, Víctor Hugo Chávez, se aseguraron tres pistolas, tres cargadores y 62 cartuchos de 9 milímetros durante la operación; sin embargo, la defensa legal de los detenidos ha señalado irregularidades graves.
César Ramírez, abogado defensor, argumentó que la detención fue ilegal debido a la falta de una orden de cateo en el momento de la incursión. Además, se menciona que las evidencias, como las cámaras de seguridad del rancho, fueron destruidas durante el operativo.
Los familiares de los acusados también han expresado su desacuerdo con los cargos, asegurando que las armas y drogas fueron sembradas por las autoridades mientras se realizaba la diligencia. Este caso sigue generando gran incertidumbre sobre el respeto al debido proceso y las posibles violaciones a los derechos humanos durante el operativo.
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