Un Tribunal Colegiado en México resolvió que desde la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) llamada “la mañanera”, se ejercieron ataques, estigmatización y violaciones a derechos constitucionales de analistas, comunicadores y periodistas.
La resolución judicial sostiene que, a través de la sección “Quién es quién en las mentiras”, se afectó el honor y la dignidad de diversas personas críticas al gobierno federal.
El caso, impulsado por el Consejo Nacional de Litigio Estratégico (CNLE), fue resuelto tras dos años, tomando como referencia la denuncia del analista político Max Kaiser, quien fue mencionado de manera denostativa y sin sustento en la conferencia.
Un precedente sobre la libertad de expresión en México
De acuerdo con el comunicado del CNLE, la resolución representa un precedente firme en la defensa de la libertad de expresión en México, ya que reconoce que el uso de recursos públicos para atacar a críticos constituye un acto de censura indirecta y un atentado contra el derecho a disentir.
El tribunal subrayó que la sección difundió información lasciva, hostil y despectiva, lo que generó un clima de hostilidad hacia periodistas y analistas que cuestionaban al gobierno, situación que incluso podía desencadenar actos de violencia contra ellos.
La mañanera como arma política
En sus argumentos, el Consejo Nacional de Litigio Estratégico precisó que la resolución deja en claro que la mañanera fue utilizada como arma política, aprovechando recursos y plataformas oficiales para desacreditar a voces críticas.
El mensaje que deja el fallo es directo: “Las autoridades deben abstenerse de utilizar plataformas oficiales para desacreditar, exponer o deslegitimar a quienes ejercen su derecho a disentir”. Este criterio abre la puerta a que otros comunicadores y analistas que hayan sido señalados en la sección puedan emprender acciones legales para la defensa de su honor y reputación.
Libertad de expresión en el centro del debate
La resolución del tribunal se enmarca en una discusión más amplia sobre los límites de la libertad de expresión y el poder del Estado. Si bien la crítica hacia el gobierno es parte de la vida democrática, el fallo reconoce que cuando desde el aparato gubernamental se ataca a quienes opinan distinto, se genera un desequilibrio que afecta directamente la convivencia democrática.
El caso Max Kaiser es solo uno de los muchos señalados en “Quién es quién en las mentiras”. Otros comunicadores y medios también fueron expuestos en las conferencias, lo que abrió un debate nacional sobre la legitimidad de usar espacios oficiales para confrontar opiniones críticas.
Con esta decisión, el Poder Judicial establece un precedente que puede marcar la relación entre el Estado y la prensa en los próximos años. El fallo confirma que el gobierno federal, en el uso de sus recursos oficiales, no puede emplear la comunicación institucional como una herramienta para hostigar o desacreditar a ciudadanos y periodistas.
De esta forma, se refuerza la necesidad de un ejercicio responsable de la comunicación gubernamental, donde prevalezca el respeto a la pluralidad de ideas y la protección de quienes ejercen su derecho constitucional a disentir.
