La reciente aprobación de la reforma que modifica el proceso para designar a la persona titular de la Fiscalía General del Estado de Veracruz ha encendido las alarmas entre colectivos y familiares de personas desaparecidas. Para aquellos que se han dedicado durante años a la búsqueda de verdad y justicia, la incertidumbre que deja este cambio legislativo representa un retroceso en la autonomía de la institución.

De hecho, colectivos veracruzanos denuncian que la reforma fue aprobada sin consulta previa a las familias de las víctimas, pese a que ellas son las que mantienen un trabajo constante con las autoridades ministeriales para identificar restos, impulsar investigaciones, además de supervisar procesos de búsqueda.

¿Por qué preocupa la reforma a la Fiscalía en Veracruz?

Conforme a expertos y organizaciones civiles, la modificación al proceso de designación podría abrir la puerta a una mayor injerencia política dentro de la Fiscalía.

La autonomía de la institución es clave para garantizar investigaciones imparciales, especialmente en un estado donde, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, más de 6 mil personas siguen sin ser localizadas.

Colectivos advierten que cualquier cambio en el mando de la Fiscalía podría generar nuevos retrasos en la identificación de restos, la entrega de cuerpos y el seguimiento de las investigaciones, áreas en donde ya de por sí existen rezagos históricos.

Familias exigen claridad: “No está claro lo que va a pasar”

Marisol Ramírez Cante, familiar de una persona desaparecida, expresa su preocupación por la falta de información oficial sobre los efectos de la reforma: “No está claro lo que va a pasar, no está claro lo que va a suceder… como familiares nos preocupa, porque tenemos años de rezago en entregas, restos, identificar y también avances... y cambiar el equipo de Periciales es lo que más nos preocupa”.

Su testimonio refleja un temor compartido, ya que los avances logrados en los últimos años, especialmente en áreas como servicios periciales y búsqueda forense, puedan verse afectados con la posible llegada de nuevos equipos, funcionarios o directrices internas.

Agrupaciones veracruzanas solicitan que el gobierno estatal abra un proceso de socialización, además de diálogo para explicar los alcances reales de la reforma y garantizar que las víctimas sigan siendo el eje de las políticas públicas en materia de justicia.

También llaman a que cualquier reestructuración respete estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, particularmente los relacionados con búsqueda de personas desaparecidas. En un estado marcado por la violencia y la impunidad, la pregunta es clara: ¿podrá la Fiscalía mantener su independencia y responder a las víctimas en un momento tan crítico?