El PAN y el PRI alertaron sobre un presunto “albazo legislativo” impulsado por Morena, al convocar de manera sorpresiva las audiencias públicas para discutir la reforma a la Ley de Amparo, programadas para este viernes, sábado y lunes.

Los legisladores opositores califican el procedimiento como un intento de aprobar cambios clave sin permitir un debate amplio y transparente.

Legisladores no asistirán a audiencias sobre reforma a Ley de Amparo

Rubén Moreira, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, adelantó que sus legisladores no asistirán a las audiencias, argumentando que no están dispuestos a avalar lo que calificó como “un atropello más contra los derechos de los ciudadanos”.

Por su parte, Federico Doring, vicecoordinador del PAN, señaló que evaluarán su participación una vez que se conozca la lista de ponentes, advirtiendo que no respaldarán a quienes actúen como “aplaudidores del régimen”.

“Se trata del ‘sabadazo del amparo de estos sicarios legislativos’”, criticaron los diputados opositores, en referencia a la rapidez y discrecionalidad con la que Morena ha convocado las sesiones.

¿Qué oculta la reforma a la Ley de Amparo?

Expertos constitucionalistas advierten que la reforma plantea cambios que podrían debilitar significativamente la protección judicial del ciudadano. Bajo el nuevo esquema, el Amparo no operará de manera uniforme, especialmente en casos sensibles como cuestiones fiscales o congelamiento de cuentas bancarias.

Las personas afectadas podrían verse obligadas a esperar la resolución de un juicio antes de recuperar el acceso a sus recursos, lo que limitaría la efectividad del derecho de amparo.

Raúl Andrade, especialista en derecho constitucional, señaló que la intención de la reforma parece ser “endurecer el amparo para que el gobierno pueda actuar a sus anchas, eliminando garantías y recursos efectivos para los ciudadanos”.

Los cambios propuestos han generado preocupación en distintos sectores de la sociedad civil y el ámbito jurídico, quienes advierten que podrían concentrar más poder en el Ejecutivo y reducir los mecanismos de protección frente a abusos administrativos o fiscales.