La seguridad de los puertos de Ensenada, Baja California, y Guaymas, Sonora, también fue vulnerada por la red de corrupción de contrabando de combustible.
Se usó el mismo esquema de operación que en Tampico, Tamaulipas, con Manuel Roberto y Fernando Farías, mandos de la Marina, como líderes, con la complicidad entre marinos, agentes aduanales, importadoras y transportistas, así lo revela la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR).
Revelan nuevos nombres en caso de contrabando de combustible
Aparecen nuevos nombres de presuntos implicados. El capitán de navío, Víctor Hugo Perry Pérez, quien fue titular de la Aduana Marítima de Ensenada entre julio de 2023 y diciembre de 2024, es uno de los investigados en esta trama criminal.
Así como José Manuel López Cabrera, quien fue subdirector de Vigilancia y Control de la Aduana Marítima de Ensenada entre julio de 2022 y marzo de 2025.
Llegada de millones de litros de diésel en buque de bandera danesa
De acuerdo con el expediente, ambos pactaron trabajar con la empresa Intanza, una de las importadoras de combustible implicadas.
La red está detrás del arribo de 11 millones de litros de diésel en el buque de bandera danesa Torm Agnes, que atracó en Ensenada en marzo pasado.
Aseguraron millones de litros de combustible
En ese mismo mes, en un predio de Ensenada, se incautaron 8 millones de litros del combustible, así como decenas de pipas y contenedores. La operación criminal se replicó en el puerto de Guaymas.
Ahí se investiga la presunta implicación de Ángel Aceves Hernández, un agente aduanal de Sonora que supuestamente realizaba cambios de rutas de las embarcaciones y recibía dinero por parte de la red de corrupción en aduanas. Es accionista de cinco empresas relacionadas con servicios aduanales y transportación.
Ramón Eduardo Quintana Amaya es un verificador aduanal, quien presuntamente ayudaba a alterar las muestras de diésel.
Se desconoce si la Fiscalía General de la República ya ha solicitado las órdenes de aprehensión en su contra por participar en el llamado robo del siglo. La promesa del gobierno de que habrá más detenciones de primer nivel sigue pendiente.
