El secretario de Gobierno de Tabasco, José Ramiro “Pepín” López Obrador, ha sido señalado por presuntamente modificar su declaración patrimonial correspondiente al año 2020.

Según documentos revisados, estas alteraciones habrían tenido como objetivo hacer coincidir sus informes de bienes e ingresos, pero la acción terminó revelando inconsistencias y un incremento patrimonial difícil de explicar.

En un documento fechado el 31 de diciembre de 2020, la información sobre propiedades, ingresos, préstamos y cuentas bancarias aparece completamente oculta.

Sin embargo, en otro informe desclasificado se confirma que López Obrador poseía dos ranchos valorados en más de 3.5 millones de pesos cada uno, ubicados en Palenque y Salto de Agua, Chiapas, adquiridos un año antes de la fecha de la declaración. Esta información contradice lo declarado públicamente por el funcionario, quien aseguró que sus primeras tierras fueron adquiridas en 2010.

Pepín López Obrador: de dos cuentas a 13 propiedades en sus informes

La versión más reciente de la declaración patrimonial, entregada en 2022 a través de transparencia, muestra que Pepín López Obrador tenía ingresos como funcionario y ganadero, así como dos cuentas de cheques. Sin embargo, en su declaración de 2024, estos datos desaparecen y se enlistan 13 propiedades, muchas de ellas adquiridas durante el periodo en que su hermano, Andrés Manuel López Obrador, ocupaba la presidencia de México.

El propio funcionario ha minimizado las inconsistencias, declarando que “es un asunto que yo planteé en mi declaración patrimonial, punto…”, sin ofrecer detalles sobre el origen o las fechas de adquisición de los bienes. Esto ha generado cuestionamientos sobre la transparencia y la legalidad de sus movimientos financieros.

Preocupación por opacidad y enriquecimiento en funcionarios de Tabasco

La Ley de Servidores Públicos de Tabasco contempla la auditoría de funcionarios que presenten riquezas ostensibles y superiores a sus ingresos, así como sanciones e inhabilitaciones en caso de falsedad en las declaraciones patrimoniales. Hasta ahora, no se ha iniciado ninguna acción en su contra, lo que ha generado críticas sobre la efectividad de los mecanismos de control y supervisión.

Analistas y legisladores locales advierten que estas irregularidades evidencian un patrón preocupante de opacidad y enriquecimiento inexplicable dentro de altos mandos, y subrayan la importancia de revisar con mayor rigor las declaraciones patrimoniales de servidores públicos, sobre todo aquellos con vínculos políticos de relevancia nacional.