La recién conformada Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha nacido bajo una polémica que cuestiona su legitimidad: el nepotismo. A pesar de que la reforma judicial se promovió con la promesa de combatir esta práctica, una investigación de la organización Mexicanos Contra la Corrupción revela que el 56% de los nuevos miembros de la Corte tienen familiares en cargos públicos.
El estudio arroja datos aún más alarmantes en otras instancias judiciales. En el Tribunal de Disciplina Judicial, el 60% de sus integrantes tiene al menos un pariente en puestos de gobierno, mientras que en la Sala Superior del Tribunal Electoral, la cifra se dispara hasta el 71%.
La investigación sostiene que, de los nueve integrantes de la nueva Corte, cinco tienen familiares con vínculos gubernamentales o que han recibido contratos públicos, una situación que contradice directamente los principios de transparencia y mérito.
Nepotismo en la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación
La lista de los ministros con familiares en el servicio público está encabezada por Lenia Batres, con seis parientes en cargos de gobierno.
- Emiliano Batres Guadarrama (su hijo), jefe de departamento en el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.
- Martí Batres Guadarrama (su hermano), director general del ISSSTE.
- Valentina Batres Guadarrama (su hermana), diputada local en el Congreso de la Ciudad de México.
- Daniela Cordero Arenas (su cuñada), titular del Fondo para el Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de México.
- Ulises Lara López (su exesposo), delegado de la Fiscalía General de la República en Morelos.
- Alejandro Bichir Batres (su tío), exembajador de México en Panamá.
En la lista también figuran otros nombres con importantes vínculos familiares:
- Arístides Rodrigo: su madre, Rosa Margarita García Culebro, es apoyo administrativo en el ISSSTE. Su hermano, Diego Armando Guerrero García, pasó de ser técnico en CONAGUA a magistrado del Tribunal de Disciplina de Justicia de la Ciudad de México.
- María Estela Ríos González: su hija, Magali Iraís Mendoza Ríos, es magistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
- Yasmín Esquivel Mossa: su esposo, José María Riobóo, es dueño de la empresa COMINSA, la cual ha recibido al menos nueve contratos del Metro de la Ciudad de México por más de 108 millones de pesos durante los gobiernos de Morena.
- Sara Irene Herrerías Guerra: su pareja, Óscar Langlet González, es consejero general de la Fiscalía General de la República.
La lucha contra el nepotismo fue uno de los argumentos principales para impulsar la reforma y sustituir a los antiguos integrantes del Poder Judicial. Sin embargo, esta investigación sugiere que la cuestionada elección judicial sirvió, en realidad, para consolidar a una nueva “casta judicial”, levantando serias dudas sobre la transparencia y la verdadera intención detrás de la reestructuración del poder.
