El paquete de leyes que abre la puerta al espionaje masivo en México

En los recientes días, el gobierno aprobó un paquete de leyes que, aunque presentadas con nombres distintos, en el fondo conforman lo que sectores opositores y expertos en derechos humanos califican como la “Ley Espía”.

A pesar de que en Palacio Nacional busquen minimizar esta percepción, el entramado legal aprobado por los partidos del gobierno contiene disposiciones explícitas que facultan a las autoridades para espiar a los ciudadanos de manera extensa y profunda.

Este conjunto normativo incluye varias leyes clave: la Ley del Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación, la Ley de la Guardia Nacional, la Ley sobre Desaparición Forzada de Personas, la Ley de Telecomunicaciones y la Ley de Trámites Burocráticos.

Lo que resulta preocupante es que sus artículos se conectan entre sí para un mismo fin: obtener datos personales, biométricos, bancarios, fiscales, de salud, de vehículos y teléfonos móviles de personas y empresas, así como rastrear su ubicación en tiempo real.

El diputado Héctor Saúl Téllez (PAN) señaló que la Ley del Sistema Nacional de Inteligencia es la más dañina, pues en su artículo 26 establece la posibilidad de que la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Guardia Nacional realicen investigaciones bajo la modalidad de sospecha, sin distinguir entre criminales y personas inocentes, lo cual abre la puerta a graves abusos.

Otro elemento clave en este sistema es la llamada “CURP biométrica”, que según Rubén Moreira, coordinador de los diputados del PRI, será la herramienta principal para centralizar absolutamente todos los datos de los mexicanos.

Desde el iris de los ojos, hasta compras, trámites y la ubicación en tiempo real del celular, quedarán almacenados en una plataforma digital manejada por la Agencia de Transformación Digital.

Además, las instituciones como el INE y el IMSS estarán obligadas a entregar sus bancos de datos biométricos para alimentar esta base de datos, sin que los ciudadanos tengan garantías reales de privacidad, advierte Héctor Saúl Téllez.

Un punto aún más inquietante es el artículo 39 de la Ley de Investigación e Inteligencia, que permite compartir toda esta información sensible con gobiernos y empresas extranjeras, ampliando el alcance del espionaje más allá de nuestras fronteras.