La reforma a la Ley de Amparo, que se discute actualmente en la Cámara de Diputados, ha encendido las alarmas no solo en el sector empresarial y la ciudadanía, sino en negocios de la vida cotidiana. Abogados constitucionalistas advierten que pequeñas tiendas, bares y restaurantes están en grave riesgo, pues la ley limita la capacidad de un juez para protegerlos de clausuras y suspensiones arbitrarias.
El freno a la suspensión: Dejaría indefensos a los ciudadanos y sus negocios
La preocupación principal radica en que la reforma mantiene el freno para que un juez otorgue una suspensión provisional inmediata cuando una autoridad determine la clausura o suspensión de actividades de un negocio, aun cuando esta medida carezca de justificación legal o sea errónea.
El abogado constitucionalista Emiliano Oaxaca explicó el impacto directo de esta restricción: "¿Qué pasa cuando el acto reclamado es precisamente que te revocaron tu permiso de establecimiento mercantil? Tu permiso de hotel, de restaurante, de escuela... de lo que sea. No habrá suspensión hasta que el juez resuelva”.
Esto significa que, si un inspector clausura un bar, un restaurante o revoca un permiso de forma injustificada, el negocio deberá permanecer cerrado, acumulando pérdidas económicas diarias, hasta que el fondo del amparo sea resuelto por el juez.
Rezagos judiciales
El problema se agrava debido al actual estado del Poder Judicial. Según el experto, el rezago en los tribunales se ha “autoinfligido por la Reforma Judicial”.
Al obligar a los negocios a esperar una resolución definitiva para poder reabrir, el tiempo de respuesta del juez se vuelve crítico. Si un juzgado tarda semanas o meses en resolver el amparo (debido al rezago), ese negocio podría enfrentar la quiebra antes de obtener justicia, incluso si la autoridad inicial se equivocó al clausurar.
En esencia, la reforma debilita el amparo como mecanismo de salvaguarda inmediata, dejando a miles de pequeños y medianos negocios a merced de actos de autoridad no justificados.
