Juez ordena que exfuncionario pague 33 MDP por daños al erario

Javier “S”, en diciembre del año 2017, celebró un Convenio Judicial por 33 MDP por concepto de rentas de una parcela de forma irregiular, con daño al erario

Escrito por: Silvia Otero

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Juez ordena que exfuncionario pague 33 MDP por daños al erario
| ESPECIAL

Un juez ordenó pagar más 33 MDP por reparación del daño a Javier “S”, ex encargado de la Dirección General de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo (APIMAN), por firmar en el año 2017 un acuerdo judicial por rentas de una parcela sin que existiera una sentencia, lo que generó daños al erario.

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer este sábado el fallo, en el que el exfuncionario fue sentenciado a 2 años y 7 meses de cárcel por el delito de corrupción, por lo que se le inhabilitó 11 años para trabajar como servidor público.

Juez de Enjuciamiento ordenó el pago de más de 33 MDP a exfuncionario

En un comunicado la dependencia dio a conocer que a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), en su Delegación en Colima, obtuvo del Juez de Enjuiciamiento la sentencia condenatoria y reparación del daño por más de 33 MDP en contra de Javier “S”, por el delito de corrupción de ejercicio ilícito de servicio público.

“Luego de los datos de prueba aportados por el Ministerio Público de la Federación (MPF), recibió la pena de dos años siete meses y 15 días de prisión y deberá cubrir la reparación del daño por 33 millones 640 mil pesos. Asimismo, se le impuso emitir una disculpa pública, la inhabilitación por un plazo de 11 años tres meses para ejercer un empleo, cargo o comisión público, multa económica, amonestación, así como suspensión de derechos políticos y civiles”, detalló la FGR.

Exfuncionario firmó un acuerdo judicial irregular: FGR

De acuerdo con el expediente que integró la FGR contra Javier “S”, el ahora sentenciado “en diciembre del año 2017, celebró un Convenio Judicial en un Juicio Civil promovido ante el Juzgado Primero Mixto Familiar y Civil en Manzanillo, notoriamente desproporcional a los intereses de la Administración Portuaria Integral (API)”

“El citado convenio provocó un detrimento patrimonial a la API de 33 millones 640 mil pesos, más una cláusula penal por otros 56 millones de pesos para en caso de incumplimiento, por concepto de rentas de una parcela utilizada para las operaciones de la Administración Portuaria, a pesar de que no existía una sentencia que así lo determinara, aunado a la falta de legitimación de los reclamantes al no haberse pactado un arrendamiento previamente”, informó el Ministerio Público de la Federación.

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