Ciudad de México. Dulce María Sauri, presidenta de la Mesa Directiva de San Lázaro confirmo que la Fiscalía General de la República (FGR) notificó a la Cámara de Diputados como parte ofendida en el caso que se le sigue Ricardo Anaya.
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Este jueves el responsable jurídico del Palacio Legislativo acudió a la audiencia, la cual se pospuso para octubre.
No obstante, Sauri Riancho dijo que no conocen el expediente y que la Fiscalía no ha solicitado ni información ni material de las cámaras de vigilancia de las instalaciones de la Cámara de Diputados.
La presidenta de la Cámara de Diputados calificó de inconstitucional que el voto a favor de un legislador sea considero como prueba de delito como señala la FGR, que ocurrió en el 2014 con el panista en relación a la reforma energética.
Sauri pide aclaración.
Dulce María Sauri, presidenta de la Mesa Directiva de San Lázaro confirmo que este jueves el responsable jurídico de la Cámara de Diputados acudió a la audiencia de Ricardo Anaya en respuesta a la notificación que la Fiscalía General de la Republica hizo la Cámara baja como parte ofendida en el caso.
No obstante, Sauri Riancho dijo que no conocen el expediente y el por qué se involucra a la Cámara de Diputados.
“No podemos comentar hasta que no sepamos en firme que trae la carpeta de investigación y porque la Fiscalía General de la Republica considera parte ofendida a la Cámara de Diputados porque una cosa es que se presuma que alguna situación irregular o un ilícito se cometió en sus instalaciones y, otras que acredite elementos para ser parte ofendida, eso hay que aclararlo” manifestó.
Sin material de video.
Cámara de Diputados no podrá entregar videos de sus cámaras de vigilancia a la Fiscalía General de la Republica sobre el supuesto soborno por la reforma energética que se entregó a Ricardo Anaya en instalaciones del Palacio Legislativo, ya que los presuntos hechos ocurrieron hace 7 años.
De acuerdo a la norma, las cámaras de video vigilancia que hay en el Palacio Legislativo solo almacenan por 20 días el material grabado y en automático se recicla.
Tampoco podrán entregar a la Fiscalía General las bitácoras del registro de las personas que ingresaron a pie o en auto a las instalaciones en 2014, debido a que el registro se resguarda por 5 años, después de ese tiempo entra a un proceso de destrucción.
