En una polémica declaración, el legislador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, admitió que las consultas ciudadanas sobre la reforma judicial no fueron un ejercicio genuino de escucha, sino una “faramalla”. En sus propias palabras, el senador reconoció que la decisión de que el Poder Judicial fuera electo ya estaba tomada de antemano, y que las opiniones en contra no serían consideradas.
Consultas ciudadanas sobre elección judicial fueron una “faramalla”
Durante su intervención, el legislador fue contundente: “Si decidimos que debería elegirse el Poder Judicial, pues es obvio que eso no lo íbamos a cambiar por más que oyéramos a cualquier cantidad de personas que no lo hiciéramos”. Con esta afirmación, Fernández Noroña dejó al descubierto que el propósito de las consultas no era debatir o modificar la propuesta, sino darle un barniz de legitimidad popular.
El senador justificó esta postura argumentando que si las opiniones de los ciudadanos no estaban alineadas con la “visión del país” de su partido y el “proyecto de nación” que impulsan, simplemente no les harían caso. “Nada más faltaba que hiciéramos algo contrario a lo que es nuestra convicción”, declaró, confirmando lo que muchos críticos de la reforma judicial ya sospechaban: la participación ciudadana fue meramente simbólica.
“Y luego nos van a acusar de que no les hacemos caso, porque además si no estamos de acuerdo con ellos, pues claro que no les hacemos caso, nada más faltaba que hiciéramos algo contrario a lo que es nuestra convicción, si ejercemos la mayoría que tenemos, la visión del país que tenemos, el proyecto de nación que impulsamos, y la verdad es que, voy a poner un ejemplo: estaba oyendo justo una entrevista a Pablo Gómez, entonces es una faramalla, pues o sea, si decidimos que debería elegirse el poder judicial, pues es obvio que eso no lo íbamos a cambiar por más que oyéramos a cualquier cantidad de personas que no lo hiciéramos”, señaló.
Esta declaración refuerza la crítica de que las consultas fueron un ejercicio de simulación, debilitando la credibilidad del proceso legislativo y la transparencia del gobierno.
