Gobierno de Bolivia acusa formalmente a Evo Morales de terrorismo; no será candidato a la Presidencia

La crisis política en Bolivia ha escalado a un nuevo y peligroso nivel. El gobierno de Luis Arce denunció formalmente este jueves ante la Fiscalía al expresidente Evo Morales por los delitos de terrorismo, instigación pública a delinquir y obstrucción de procesos electorales, entre otras ocho acusaciones.

La medida, que podría acarrear una pena de hasta 20 años de prisión solo por terrorismo, se fundamenta en la difusión de un audio donde una voz, presuntamente la del exmandatario, instruye a sus seguidores a cercar y aislar La Paz mediante bloqueos de carreteras.

Además, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia confirmó que diez candidatos competirán en las elecciones presidenciales de agosto y Evo Morales no está en la lista tras la cancelación de su partido político.

El Tribunal anuló la personería jurídica del partido “Pan-bol”, con el que Morales pretendía postularse, por incumplir la ley.

Morales, quien gobernó durante tres períodos (2006-2019), aseguraba que seria candidato a pesar de que la justicia de Bolivia prohíbe más de una reelección.

La acusación fue presentada por el ministro de Justicia, César Siles, quien instó al Ministerio Público a actuar con celeridad. La prueba central es un registro telefónico difundido el miércoles por un exdirigente cercano a Morales, en el que se escucha una voz atribuida al líder cocalero dando órdenes para radicalizar las protestas.

Para añadir más evidencia a la denuncia, la prestigiosa organización de verificación Chequea Bolivia emitió un reporte en el que, tras analizar el material con herramientas especializadas, concluyó que el audio “tiene altas probabilidades de ser auténtico”, cifrando la probabilidad en un 95% y descartando que haya sido creado con Inteligencia Artificial.

El informe de los verificadores añade un detalle crucial: la imagen del perfil de WhatsApp desde donde se originó el mensaje coincidía con la de Evo Morales en ese momento, y fue cambiada poco después de que la denuncia se hiciera pública.

Mientras la batalla legal se enciende en los tribunales, la confrontación en las calles se agrava. El gobierno reportó este viernes que la cifra de bloqueos de carreteras a nivel nacional supera los 30 puntos, afectando principalmente al departamento de Cochabamba, bastión político de Morales.

Durante cinco días consecutivos, sus partidarios han paralizado vías estratégicas, no solo exigiendo la habilitación de la candidatura de Morales para las elecciones del 17 de agosto –pese a estar legalmente inhabilitado–, sino también la renuncia del presidente Luis Arce, a quien culpan de la severa crisis económica que golpea al país.

El exmandatario, que gobernó entre 2006 y 2019, se enfrenta así a su momento más crítico. La denuncia por terrorismo, respaldada por evidencia verificada digitalmente, eleva la pugna con el gobierno de Arce y lo sitúa en una posición de extrema vulnerabilidad legal.

La crisis boliviana ha dejado de ser únicamente una disputa por candidaturas para convertirse en un escenario donde el propio sistema de justicia es ahora el campo de batalla principal.