Este lunes, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la detención de César “N”, exgobernador de Chihuahua, ahora por su probable responsabilidad en el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. La aprehensión ocurrió en el estado de Chihuahua, en cumplimiento de una orden emitida desde el 16 de mayo de 2024 por un Juez de Control Federal con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Según la FGR, Duarte está acusado de operar un esquema de lavado de dinero durante su administración estatal, mediante el cual habría intentado ocultar recursos desviados del erario, utilizando estructuras dentro del Sistema Financiero Mexicano para simular operaciones legales y esconder el origen ilícito del dinero.

Estados Unidos autorizó que César Duarte también fuera procesado por lavado de dinero

Aunque Duarte ya enfrentaba procesos en México, su situación legal cambió de manera importante tras un aval internacional. El exgobernador fue detenido por primera vez el 8 de julio de 2020 en Miami, Florida, y posteriormente extraditado a México el 2 de junio de 2022, pero únicamente para ser procesado por peculado y asociación delictuosa, delitos investigados por la Fiscalía estatal de Chihuahua.

Sin embargo, en octubre de 2024, el gobierno mexicano solicitó al de Estados Unidos autorización para procesarlo por delitos adicionales, particularmente por lavado de dinero. Esa autorización —conocida como “regla de especialidad”— fue finalmente concedida el 4 de diciembre de 2025, lo que abrió la puerta a que la FGR ejecutara la nueva orden de aprehensión y avanzara con esta investigación federal.

Con esta luz verde, la FGR pudo activarla orden pendiente desde mayo de 2024, lo que derivó en su detención este día en territorio chihuahuense.

El esquema financiero de César Duarte que investiga la FGR

La FGR sostiene que los hechos que se investigan ocurrieron cuando Duarte era servidor público y habría participado en una red destinada a desviar recursos de las arcas estatales y luego introducirlos al sistema bancario para darles apariencia de legalidad. Este tipo de operación constituye lavado de dinero, un delito que puede alcanzar penas de hasta 15 años de prisión, además de fuertes sanciones económicas.

Los investigadores señalan que este caso podría revelar la ruta del dinero y la estructura financiera utilizada para esconder los desvíos, lo que colocaría nuevamente al exgobernador en el centro de uno de los procesos por corrupción más relevantes del país.

Mientras tanto, Duarte permanecerá bajo custodia, a la espera de las audiencias iniciales que definirán los siguientes pasos en su proceso penal.