Hace diez años el país estaba sacudido y consternado tras la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, las reacciones mediáticas no tardaron en levantar a la población que mostró una indignación descomunal.
Figuras políticas se manifestaron para exigir la aparición con vida, lo calificaron como un crimen de Estado y ahora esa tragedia es recordada con similares dimensiones a la matanza de estudiantes en octubre de 1968. Pero la magnitud de los acontecimientos actuales parece no tener la relevancia suficiente para la agenda gubernamental; mientras que las movilizaciones sociales no suenan como en 2014.
¿Estamos normalizando la tragedia o estamos sobrecargados de información?
¿Acaso el estar sobre estimulados por la constante información que nos bombardea ha mermado nuestra empatía y capacidad de asombro? No es extraño que nos agotemos de recibir tanta información constantemente, pero eso nos puede llevar a algo más grave, pasar de los acontecimientos genuinamente relevantes y que impactan de forma directa nuestro entorno.
Estamos acostumbrándonos a la violencia reportada en redes sociales y medios, ya no nos impacta de la misma manera ver imágenes de ciudades azotadas por el crimen organizado, tratándose de nuestro país, pero tampoco aquellas de niños envueltos en sábanas porque un bombardeo a diez mil kilómetros de distancia les arrebató un nuevo despertar.
Guerras en las que no tenemos familiares, o siquiera lazos culturales como el idioma para generar un sentido de pertenencia a la gente que lo está atravesando, nos alejan más de la empatía, pero además son limitadas las posibilidades que tenemos de generar un cambio
en dichas situaciones.
Lo que de verdad podemos cambiar, es lo que sucede en nuestra ciudad, lo cual repercute en el país. Nuestras armas son el voto, por ello la responsabilidad de hacer conscientemente, nuestra palabra y acción, escogiendo cuidadosamente a qué causa otorgarle nuestro tiempo y esfuerzo.
La desaparición de jóvenes por el crimen organizado es una muestra de lo que no podemos permitirle al gobierno pasar por alto, y exigirle llevarlo hasta las últimas consecuencias, es una responsabilidad social, y derecho, porque para eso pagamos impuestos, para estar
seguros.
