El escándalo por el contrabando de combustible que hoy afecta a la 4T ha dejado además un rastro de sangre. Al menos seis servidores públicos han perdido la vida en circunstancias sospechosas, muchas veces con el sello del crimen organizado.
El caso que recientemente provocó el enojo de la presidenta Claudia Sheinbaum es el del Capitán Abraham Jeremías Pérez Martínez, quien fue encontrado sin vida el lunes pasado en las oficinas de la Marina en Tamaulipas.
La noticia generó confusión y controversia, ya que el fiscal Alejandro Gertz Manero declaró inicialmente que Pérez Martínez no estaba vinculado con los casos de contrabando de combustible.
“Debo decirle que esa persona no estaba vinculada con ninguno de los casos que estamos llevando… Entonces es un asunto de otra naturaleza”, señaló Gertz Manero.
Sin embargo, información oficial posterior confirmó que el nombre de Abraham Jeremías Pérez Martínez sí aparece en el expediente que llevó a la captura de 14 presuntos implicados en la red de contrabando de diésel. De acuerdo con un testigo protegido identificado como “Santo”, a Pérez Martínez le habrían entregado un soborno de 100 mil pesos.
Otros casos que alertan a la Marina
El martes, otro capitán, Adrián Omar del Ángel Zúñiga, falleció durante una práctica de tiro. Hasta 2023, Del Ángel Zúñiga se desempeñó como subadministrador de Operación Aduanera en Manzanillo, Colima. Su sucesor, el Capitán Sergio Emmanuel Martínez Covarrubias, solo duró dos semanas en el cargo antes de ser secuestrado y asesinado en mayo de 2023.
También en Manzanillo, el 8 de noviembre de 2024 fue ejecutado el Capitán Fernando Rubén Guerrero Alcántar, quien había denunciado la red de contrabando de sus compañeros. Guerrero Alcántar fue asesinado con una pistola Luger, el mismo tipo de arma que meses antes había quitado la vida a Magaly Janet Nava Ramos, funcionaria de la Fiscalía General de la República (FGR).
Funcionarios de alto rango no se salvan
El funcionario de más alto rango asesinado hasta ahora es Ernesto Cuitláhuac Vásquez Reyna, delegado de la FGR en Tamaulipas. Fue ejecutado el 4 de agosto tras el decomiso de 1 millón 800 mil litros de combustible robado en Reynosa.
Estas muertes forman parte de una estela de sangre que evidencia cómo la corrupción y el crimen organizado en torno al contrabando de combustible han alcanzado a diversos niveles de la administración pública.
