El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizó el cumplimiento de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra el Estado mexicano, en el caso de las Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco y determinó que la ejecución de la sentencia está en etapa de investigación, por lo tanto, no es tiempo para que intervenga el máximo tribunal del país.
La sentencia de la CIDH fue emitida el 28 de noviembre de 2018, a favor de 11 mujeres detenidas durante los operativos de la policía municipal, estatal y federal preventiva, realizados el 3 y 4 de mayo de 2006, en San Mateo Atenco, Texcoco y en la Carretera Federal Texcoco – Lechería, para reprimir manifestaciones
A casi 19 años de los hechos no hay personas sentenciadas por lo sucedido, cuando las mujeres fueron abusadas sexualmente y violadas durante su detención por los elementos de seguridad pública.
Aún no es posible actuación de PJF en caso Atenco
Por unanimidad de votos, los ministros de la Corte avalaron el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán que concluyó que antes de cualquier actuación judicial, la Fiscalía General de la República (FGR) debe presentar el resultado de la investigación del crimen ocurrido el mayo del año 2006.
“El eventual juzgamiento y sanción de los responsables por los referidos actos de tortura, constituye un deber condicionado al cumplimiento de un deber preliminar, es decir, la obligación de juzgar a cargo del Poder Judicial está supeditada al resultado de tales investigaciones. Por lo que, de ahí, no es posible advertir en este momento que se requiera tal actuación de forma inmediata por parte del Poder Judicial de la Federación”, indica el proyecto de Pérez Dayán.
El máximo tribunal del país retomó criterios previamente emitidos para que las autoridades competentes los apliquen en cumplimiento de dicha sentencia.
“En el considerando IX se abordan los aspectos relacionados con la condena por incumplimiento de la debida diligencia en las investigaciones por actos de tortura, reseñando el parámetro establecido en la doctrina jurisprudencial interamericana y nacional respecto de la medida de reparación, consistente en continuar e iniciar las investigaciones amplias, sistemáticas y minuciosas que sean necesarias y pertinentes para determinar, juzgar y, en su caso, sancionar a todos los responsables de la violencia y tortura sexual sufrida por las 11 mujeres víctimas”, explicó Pérez Dayán en su proyecto.
El 28 de noviembre de 2018, la Corte IDH emitió una sentencia en la que responsabilizó al Estado mexicano de violaciones graves a los derechos humanos, incluyendo tortura, violencia sexual, detenciones arbitrarias y violaciones a garantías judiciales.
Entre las medidas de reparación, ordenó investigar y sancionar a los responsables, ofrecer atención médica y psicológica gratuita, realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad, capacitar a las fuerzas policiales sobre uso de la fuerza y violencia de género, establecer mecanismos de supervisión en operativos y pagar indemnizaciones a las víctimas.
¿Qué pasó en San Salvador Atenco de 2006?
En medio de un conflicto de autoridades municipales de Texcoco contra un grupo de floristas, los días 3 y 4 de mayo de 2006 aproximadamente 700 elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) y caso 2 mil agentes municipales y estatales implementaron un operativo en los poblados de Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México, contra activistas y personas solidarias con el proceso social del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), que apoyó a los floristas.
De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín pro Juárez, durante el operativo hubo un uso excesivo de la fuerza murieron dos jóvenes: Francisco Javier Cortés Santiago, de 14 años de edad, y Ollin Alexis Benhumea, de 20. Fueron detenidas y torturadas 217 personas, entre integrantes del FPDT y otras sin militancia alguna.
Entre los detenidos estuvieron 47 mujeres, que en su mayoría sufrieron tortura sexual de los policías en el interior de los vehículos utilizados para trasladar a los detenidos a un centro de reclusión.
