La orden de aprehensión girada contra el empresario Raúl Beyruti Sánchez, conocido como “El rey del outsourcing” por delincuencia organizada y lavado de dinero fue anulada por un juez federal.
Luego de que Beyruti intentará llevar su caso ante la Suprema Corte, un juzgador de control deberá celebrar en los próximos días una nueva audiencia en la que se defina la situación jurídica del empresario.
“Resultó legalmente correcto establecer que no es factible autorizar la comparecencia de Raúl Beyruti Sánchez a través de videoconferencia por el hecho de que los hechos con apariencia de delito por los que se judicializó la carpeta de investigación seguida en su contra merecen prisión preventiva oficiosa.
La orden de #aprehensión girada contra el empresario Raúl Beyruti Sánchez por #DelincuenciaOrganizada y lavado de dinero fue anulada por un juez federal.
— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 28, 2023
Juez está en posibilidad de girar orden de aprehensión para garantizar su comparecencia
Con la resolución, el juez de control del penal de máxima seguridad del Altiplano está en posibilidades de volver a girar orden de aprehensión contra el empresario si así lo considera necesario para garantizar su comparecencia en audiencia inicial.
Beyruti pidió que se modificara el acuerdo del 8 de marzo de 2022 dictado en la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIORPIFAM-CDMX/0000994/2017, que le negó la cancelación de la orden de captura librada en su contra, ya que es acusado de haber recibido, entre 2014 y 2017, un total de 4 millones 335 mil 705 pesos provenientes de supuestas empresas fantasmas
¿De qué acusan a Beyruti Sánchez?
Desde febrero de 2021, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una orden de aprehensión contra Beyruti Sánchez, por parte de un juez federal adscrito al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número uno, en Almoloya de Juárez, Estado de México
Lo anterior luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó que su empresa GIN Group y otras firmas asociadas, presuntamente utilizaron esquemas de facturación falsa para ocultar sus ganancias.
Por ello, los abogados del empresario promovieron una serie de demandas de amparo ante diversos juzgados en los que se impugnó al artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual señala que las personas mayores de 70 años cumplan con la prisión preventiva en sus domicilios.
