Bolivia dio un paso trascendental en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Este 17 de septiembre se sancionó el Proyecto de Ley 092/2024-2025, que elimina las excepciones legales que permitían el matrimonio infantil y uniones libres antes de los 18 años.

El anuncio fue realizado por Pedro Callisaya Aro, Defensor del Pueblo de Bolivia y Secretario General de la Red de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos del Continente Americano: “¡Avanzamos en la protección de nuestra niñez y adolescencia boliviana! Hoy se sancionó el Proyecto de Ley 092/2024-2025, que elimina las excepciones legales que permitían matrimonios y uniones antes de los 18 años. Desde la Defensoría del Pueblo visibilizamos esta problemática a través del informe Sueños Interrumpidos. Esperamos la promulgación y puesta en vigencia de la nueva ley para efectivizar la protección de niñas, niños y adolescentes”.

Con esta medida, Bolivia se suma a los países de la región que han reformado su normativa para erradicar los matrimonios infantiles, tempranos y forzados (MUITF), una práctica reconocida internacionalmente como violación a los derechos humanos.

Un problema que marcó a miles de niñas en Bolivia

El paso legislativo responde a la presión social y a la evidencia presentada en el informe defensorial “Sueños Interrumpidos”, publicado en mayo de 2024. Dicho estudio reveló la persistencia de uniones y embarazos infantiles que truncaban los proyectos de vida de miles de adolescentes bolivianas.

Según el documento, entre 2015 y septiembre de 2023 se registraron 458,246 embarazos en niñas y adolescentes, de los cuales el 6.2% correspondió a menores de 10 a 14 años, casos mayormente vinculados a violencia sexual.

En cuanto a los matrimonios, entre 2014 y 2023 se documentaron 4,804 uniones de adolescentes de 16 y 17 años, principalmente en Santa Cruz, La Paz y Cochabamba.

Impacto en la vida de las adolescentes bolivianas

El informe también señaló que el 83% de las adolescentes entrevistadas vio interrumpidos sus estudios por embarazos forzados o uniones tempranas. Muchas expresaron deseos de retomar la educación, pero las cargas de maternidad temprana limitan sus oportunidades.

El Defensor del Pueblo advirtió en su momento que tolerar estas prácticas “significa condenar a miles de niñas a repetir ciclos de pobreza, violencia y discriminación”.

Una deuda con la niñez boliviana

Con la nueva ley, Bolivia responde a recomendaciones internacionales de organismos como la ONU y la CIDH, que desde hace años exigían la prohibición absoluta del matrimonio infantil. El reto ahora será garantizar que la normativa se cumpla, que se fortalezcan las políticas de salud sexual y reproductiva y que se atienda a las víctimas de violencia y embarazos forzados.