La indignación y enojo por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, desembocó en protestas en Michoacán; una de esas manifestaciones derivó en el ingreso violento de un grupo al Palacio de Gobierno en Morelia, donde se registraron daños en 16 áreas del edificio. Tras el operativo donde fueron detenidos al menos ocho personas, la Fiscalía General del Estado (FGE) anunció que únicamente ejercitará acción penal contra un implicado por el delito de sabotaje y daño.
Con pruebas liberan a siete detenidos por disturbios en Morelia tras asesinato de alcalde Carlos Manzo
Esta decisión se basa en las diligencias periciales realizadas en el lugar: fotografía forense, levantamiento de evidencia y un inventario detallado de los daños que, según la Fiscalía, permitieron identificar datos objetivos sobre la probable participación de Raúl 'N', como el presunto responsable.
De los ocho manifestantes que fueron detenidos tras los incidentes, identificados inicialmente por la policía, la FGE informó que se determinó la libertad de siete; no obstante, a uno de ellos se le cumplimentó una nueva orden de aprehensión por fraude. Los demás quedaron en resguardo mientras continúa la integración de la carpeta de investigación.
Habitantes y colectivos que convocaron las movilizaciones dijeron que las protestas buscaban exigir justicia por la muerte de Carlos Manzo, ocurrida el 1 de noviembre durante un acto público en el Día de Muertos en Uruapan; sin embargo, en Morelia un sector del contingente irrumpió en dependencias oficiales y causó destrozos que ahora son objeto de responsabilidad penal.
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La Fiscalía aseguró que la investigación permanecerá abierta para incorporar nuevos datos y buscar a otras personas que hubieran participado en los daños denunciados; por su parte, autoridades estatales hicieron un llamado a que las protestas se expresen de forma pacífica y dentro del marco legal.
Mientras Michoacán reclama respuestas por el homicidio del alcalde, el estado vive una nueva jornada de tensión: justicia exigida en las calles y una indagatoria que ahora marca a quienes cruzaron la línea y dañaron patrimonio público.
