La polémica por la próxima aplicación de la ley SB4 en Texas , la cual permitirá a las autoridades arrestar y detener a personas sospechosas de haber ingresado ilegalmente al país desde la frontera con México, continúa y esta vez un abogado realizó un análisis ante un tribunal federal de apelaciones que causó revuelo dentro del estado norteamericano.
El Procurador General de Texas, Aaron Nielson, sostuvo este miércoles durante una audiencia ante el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos que los legisladores del distrito, al crear el proyecto de esta reglamentación, buscaron estar “a la altura” de las circunstancias. Sin embargo, exclamó: “Para ser justos, tal vez Texas fue demasiado lejos”.
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Sus declaraciones se dieron en medio de un debate sobre la entrada en vigencia de esta norma, de la cual la administración del presidente de EU, Joe Biden, está en contra. Aunque Nielson intentó restarle importancia a varios puntos de la ley, también dijo que la misma “no interfería con la autoridad federal en materia de inmigración”.
De esta manera, el abogado explicó que “los inmigrantes sujetos a órdenes de deportación de los tribunales estatales serían entregados a las autoridades federales en los puertos fronterizos y luego los funcionarios federales determinarían si deberían ser liberados a EU mientras esperan nuevos procedimientos”.
¿Cómo sigue la disputa por la aplicación de la ley SB4?
El debate por la implementación de esta normativa no parece tener fin. Una de las juezas principales de circuito, Priscilla Richman, suspendió temporalmente la ley y se mostró escéptica ante los intentos de Nielson de limitar el alcance estatal.
Asimismo, el Procurador General la cruzó y sentenció que, si el tribunal determina que algunos aspectos de esta reglamentación no son válidos, “no debería derogarla por completo sino separar esas partes para permitir que las otras disposiciones permanezcan en los libros”.
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Esta ley, que fue promovida por el propio el gobernador de Texas, Greg Abbot, aún no pudo ponerse en práctica tras una extensa disputa legal que trajo idas y vueltas en la Corte Suprema de Estados Unidos, así como también en las distintas organizaciones de derechos humanos que están luchando para que no se implemente.
