Un error de la policía de Denver, Colorado, obligó a la justicia del estado a fallar a favor de una mujer de 78 años por un confuso operativo del cuerpo de la SWAT, donde se basaron en datos de una aplicación telefónica, y ahora recibirá una millonaria cifra debido a que han violado sus derechos constitucionales. ¿Qué sucedió?
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Se trata de Ruby Johnson, quien cobrará 3.76 millones de dólares luego de una histórica sentencia por parte de las autoridades del condado, después de que su hogar fuera erróneamente objeto de una redada por parte del equipo SWAT de la policía.
El jurado diferenció los perjuicios para la jubilada del Servicio Postal de Estados Unidos en 1.26 millones de dólares en daños compensatorios y 2.5 millones de dólares en daños punitivos, con Denver siendo la entidad responsable de pagar el monto. En tanto, se estableció que la policía y el sargento Gregory Buschy, también implicado, podrían tener que contribuir con hasta 25,000 dólares si se demuestra que actuaron de mala fe.
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¿Qué fue lo que sucedió?
Según publicó el medio CBS News, la redada ocurrió el 4 de enero del 2022 y tuvo lugar en la vivienda de Johnson, ubicada en el vecindario de Montbello, basándose en datos erróneos originados por una aplicación de rastreo de celular.
Aquella tarde, los oficiales de la policía se encontraban detrás de una pista de un camión robado junto con varias armas de fuego y un celular, pero ejecutaron una orden de registro sin contar con la debida causa probable, lo que llevó a la víctima “a vivir momentos de angustia”.
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La aplicación que proporcionó la localización de esta mujer, que en realidad se utilizó para rastrear el teléfono robado, ha sido cuestionada en varias oportunidades por su falta de precisión, lo cual puso en evidencia las herramientas tecnológicas que se emplean en operaciones policiales.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles de Colorado (ACLU, por sus siglas en inglés) respaldó la demanda de Johnson, que fue posible gracias a un cambio legislativo que permite a las personas demandar a oficiales de policía por violaciones de los derechos constitucionales estatales. “La Constitución de Colorado exige que las órdenes de registro estén basadas en una causa probable sustentada por una declaración jurada escrita”, sentenciaron.
