Mientras Estados Unidos continúa con el debate sobre la aplicación de severas leyes para los inmigrantes que ingresan al país de manera ilegal , un juez de Florida decidió bloquear temporalmente la reglamentación que penaliza el traslado de indocumentados al territorio norteamericano. Esta normativa, que había sido promovida por el gobernador Ron DeSantis, entró en vigencia en julio del 2023, pero tuvo varias críticas de muchos sectores tras su implementación.
El magistrado Roy K. Altman, quien fue nombrado por el entonces presidente Donald Trump al Distrito Sur de Florida, sentenció que la normativa “se extiende más allá de la autoridad del estado para hacer arrestos por infracciones de la ley federal de inmigración, y al hacerlo, interviene en un territorio que tiene precedencia”.
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Esta ley provocó, desde el año pasado, la detención de inmigrantes indocumentados que actualmente enfrentan cargos de contrabando de personas y esta decisión del juez pone en jaque a la política que lleva a cabo el mandatario republicano frente al ingreso ilegal a su estado.
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¿Por qué se bloqueó la ley en Florida?
Altman aseguró que, de no impedir esta reglamentación, “los demandantes sufrirían daños irreparables” por varios motivos, entre los que está la separación familiar, ya que “la gente ha decidido no cruzar las fronteras estatales y ver a sus familiares por períodos indefinidos para evitar el arresto”.
Este dictamen se da luego de que la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida y varios de sus miembros, representados por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) junto con el Centro de Derecho de Pobreza del Sur y otras organizaciones activistas, presentaron una demanda federal en el 2023, donde alegaron que la disposición de la ley estatal es “inconstitucionalmente vaga”, ya que “no está claro quién sería criminalizado”.
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Por su parte, la procuradora general de Florida, Ashley Moody, dijo que los demandantes “no tenían la capacidad legal” para presentar el caso y aclaró que los titulares de visados, los beneficiarios de la Consideración de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), los solicitantes de asilo y las personas con procedimientos de expulsión pendientes “se consideran inspeccionados” por el gobierno federal en virtud de esta norma.
