El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, implementó una serie de órdenes ejecutivas en materia migratoria desde que asumió el cargo el 20 de enero. Estas medidas forman parte de los esfuerzos por controlar el flujo irregular y realizar deportaciones masivas en todo el país. Recientemente, tomó una tajante decisión que afecta a los inmigrantes indocumentados.
El republicano eliminó las prestaciones federales dirigidas a extranjeros en situación irregular en EU, a través de una verificación más exhaustiva para su adjudicación. Se trata de una medida denominada “Poner fin a la subvención de las fronteras abiertas”, que excluye de este beneficio a esta comunidad.
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De esta forma, la administración federal tiene el objetivo de “evitar que los recursos del contribuyente sean un imán y alimenten la inmigración ilegal en EU, así como asegurar con el peso máximo de la ley que ninguna prestación financiada por el contribuyente vaya a extranjeros no cualificados”, aseveró la Casa Blanca en un comunicado oficial.
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¿Qué implica esta ley de Trump?
Los inmigrantes en situación irregular están excluidos de la mayoría de prestaciones federales. “Con esta orden ejecutiva, el presidente Trump garantiza que los recursos de los contribuyentes se utilicen para proteger los intereses de los ciudadanos, no de los extranjeros ilegales”, señaló el escrito.
Además, la administración actual culpó a la gestión del expresidente Joe Biden de hacer un gasto “inapropiado” del presupuesto.
Según datos del Centro de Estudios de Inmigración (CIS, por sus siglas en inglés) mencionados en el comunicado, “brindar asistencia social a un millón de inmigrantes ilegales podría costar a los contribuyentes estadounidenses 3,000 millones de dólares adicionales al año”.
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El efecto de esta ley en las “ciudades santuario”
En medio de las medidas migratorias implementadas por Trump, como la orden de realizar redadas de inmigrantes en todo el país a cargo de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), esta norma afecta a las declaradas “ciudades santuario”.
Así, la administración pretende impedir que los fondos federales para los estados sean destinados a las “políticas santuario”. En tanto, la Casa Blanca señaló que las agencias y departamentos ejecutivos deberán identificar cualquier programa que reciba estos beneficios y que “permita que los extranjeros ilegales obtengan dinero o prestaciones públicas”.
