Florida, al igual que muchos territorios en Estados Unidos, transita complicaciones con relación a las propiedades que están en alquiler. Por este motivo, el gobernador estatal, Ron DeSantis, decidió vetar un proyecto de ley que implicaba severos cambios en el mercado de rentas temporales, donde algunas empresas tienen un alto porcentaje de ganancias, como Airbnb. ¿Qué pasará ahora?
La reglamentación 280 del Senado había sido aprobada por la legislatura en marzo, pero en junio el mandatario republicano del Estado del Sol anunció que no la firmaría. Con su veto, la norma no llegó a convertirse en ley, por lo que no habrá ninguna modificación significativa en la práctica para los habitantes y favorece los alquileres tradicionales.
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Este proyecto había generado polémica y un amplio descontento por parte de las ciudades y condados de Florida, ya que anteponía la regulación estatal por sobre las normativas y ordenanzas locales. Además, debían respetar una serie de condiciones, entre las que estaba el tiempo de ocupación.
Los requisitos del proyecto de ley sobre alquileres temporales en Florida
Por otro lado, la norma exigía a las autoridades de cada localidad realizar una “estimación del impacto comercial” antes de implementar cualquier programa de registro de alquileres vacacionales y establecía que estas rentas se registraran bajo la aclaración de requisitos como:
- Presentar información de identificación del propietario y operador del alojamiento vacacional.
- Proporcionar prueba de una licencia de alquiler vacacional emitida por la división.
- Obtener todos los registros, recibos o certificados de impuestos requeridos emitidos por el Departamento de Ingresos, un condado o un gobierno municipal.
- Actualizar la información requerida de forma continua.
- Pagar en su totalidad todos los gravámenes registrados del código municipal o del condado.
- Designar y mantener una persona responsable para responder a quejas y emergencias por teléfono al número proporcionado las 24 horas del día, los siete días de la semana.
- Indicar la ocupación máxima para la propiedad en alquiler vacacional.
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Asimismo, el proyecto también determinaba que los municipios quedaban inhabilitados para suspender un alquiler temporal por una infracción que no esté directamente relacionada con este, y los obligaba a deber darle al operador la oportunidad de corregir las infracciones de registro que no estén relacionadas con la tasa máxima de ocupación.
Pero el punto que más enfurecía a los floridenses fue que “protegía” únicamente las leyes, ordenanzas y reglamentos locales adoptados hasta el 1 de enero del 2016, pero no a aquellos que sucedieron después de esa fecha.
