México enfrenta hoy las consecuencias de un sexenio que dejó instituciones debilitadas y una crisis de seguridad sin resolver. En su más reciente informe, la organización internacional Human Rights Watch (HRW) fue contundente al evaluar la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, asegurando que su mandato representó un "grave retroceso" para la democracia, la independencia judicial y la protección de los derechos humanos en el país.
El organismo advirtió que el "legado" de la administración obradorista no solo mantuvo la violencia en niveles críticos, sino que desmanteló contrapesos esenciales para el Estado de Derecho.
Reforma al Poder Judicial dañó la imparcialidad de justicia
Uno de los puntos más críticos del informe se centra en el desmantelamiento de la independencia judicial. HRW señala directamente la polémica enmienda constitucional aprobada en septiembre de 2024, impulsada por el entonces presidente y su mayoría legislativa.
El documento subraya que esta reforma, que exigió la renuncia de jueces federales y magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para sustituirlos mediante elecciones populares, dañó severamente la imparcialidad de la justicia en México. Para la organización, politizar los tribunales eliminó una de las pocas barreras que existían contra el abuso de poder.
Violencia durante sexenio de AMLO: Una de las tasas más altas del mundo
A pesar de la narrativa oficial de "abrazos, no balazos", las cifras presentadas por Human Rights Watch desmienten una pacificación del país. El informe destaca que, durante el sexenio pasado, la violencia se mantuvo en "niveles extremadamente altos".
La tasa de homicidios se estancó en 25 por cada 100 mil habitantes, una cifra que coloca a México con una de las incidencias más elevadas a nivel mundial. El organismo enfatiza que la estrategia de militarización de la seguridad pública no logró contener el derramamiento de sangre ni desarticular a los grupos criminales que controlan amplios territorios.
CNDH: Un árbitro silencioso
Finalmente, el reporte lanza una dura crítica al papel de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). HRW acusa que, bajo la presidencia de Rosario Piedra Ibarra, la institución abdicó de su responsabilidad principal.
En lugar de defender a las víctimas, el organismo "no ejerció un escrutinio sólido sobre la administración", actuando más como un aliado del poder ejecutivo que como un defensor autónomo de las garantías individuales. Este silencio institucional, concluye HRW, contribuyó a la impunidad y al deterioro democrático que hoy hereda el país.
