Del pequeño Henry a una mujer embarazada en Zapopan: Víctimas inocentes bajo fuego en México

“Estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado”: La frase se ha repetido una y otra vez desde distintas oficinas de gobierno cada vez que la violencia deja víctimas colaterales. Pero las historias recientes en el país demuestran que no se trata de confusión ni de coincidencia: se trata de ciudadanos comunes atrapados en un entorno donde el crimen impone sus reglas.

Henry, un bebé de apenas dos años, hoy lucha por su vida tras sufrir quemaduras en un ataque incendiario contra una tienda en el Estado de México. Su padre había ido a comprarle unas gelatinas cuando, según testigos, un hombre y una mujer arrojaron líquido flamable y prendieron fuego al local. Henry no estaba en ningún sitio indebido. Estaba con su papá, en una escena cotidiana que terminó convertida en pesadilla.

En Zapopan, Angélica María Hernández, embarazada, murió alcanzada por balas mientras observaba a sus hijos jugar en un parque. Tampoco estaba en un sitio clandestino ni en medio de actividades ilícitas. Estaba en un espacio público, a plena luz del día. Vecinos relataron el momento en que los disparos irrumpieron y la mujer cayó herida.

El fin de semana, automovilistas y choferes de transporte de carga y público se toparon con bloqueos y vehículos incendiados presuntamente ligados al Cártel Jalisco Nueva Generación. Conductores fueron obligados a descender de sus unidades, que después fueron quemadas para sembrar terror en carreteras y avenidas.

No es un hecho aislado. En Puebla, tres jóvenes fueron asesinados afuera de la llamada “Sala de Despecho”, en pleno Día del Amor y la Amistad. La autoridad sostuvo que el ataque no iba dirigido contra ellos, sino que el vehículo fue confundido por sus características. La explicación, sin embargo, no devuelve vidas ni consuela a las familias.

El caso de Ricardo Mizael, de 16 años, también sacudió a la opinión pública: fue asesinado cuando salió a comprar una mamila para alimentar a un gatito que había rescatado. Su madre cuestionó públicamente dónde estaban los elementos de seguridad cuando su hijo fue atacado. La pregunta se repite en cada estado.

En Culiacán, una familia vivió minutos de terror cuando hombres armados robaron su automóvil con un bebé en la parte trasera; el menor fue recuperado horas después. En Matamoros, la población entró en código rojo tras enfrentamientos en zonas señaladas como bastión del Cártel del Golfo.

Desde Chihuahua hasta el centro del país, la constante es la misma: ciudadanos comunes sorprendidos por balas, incendios o persecuciones.

El gobierno tiene la obligación constitucional de garantizar la seguridad, no de reducir la tragedia a una desafortunada coincidencia geográfica. Cuando cualquier persona puede ser “confundida”, cuando un parque, una carretera o una tienda se convierten en escenarios de guerra, el problema deja de ser individual y se vuelve estructural.

La familia del pequeño Henry lo resume con dolor: no estaban en el lugar equivocado. Estaban viviendo su vida. Y hoy exigen justicia en un país donde cada vez más víctimas demuestran que la violencia ya no pide permiso ni distingue inocentes.