La activista Emma Zermeño López calificó como un “triunfo de la sociedad” la resolución de la Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que dejó sin efecto las sanciones en su contra por presunta violencia política de género, derivadas de conversaciones privadas en WhatsApp.

“Se nos está censurando”: la reacción de Zermeño tras resolución del TEPJF

Tras la resolución, Zermeño sostuvo que su caso evidencia un problema de fondo: la fragilidad de la libertad de expresión frente a posibles abusos de poder.

“Es lamentable que tengamos que recurrir a un grito colectivo porque se nos está censurando”, expresó.

La activista también denunció que, más allá del resultado jurídico, el proceso reflejó una invasión a la intimidad. En su lectura, el hecho de que conversaciones privadas hayan sido expuestas y utilizadas en su contra representa un precedente peligroso.

“Se nos está violando nuestra intimidad, pero tenemos que seguir levantando la voz”, afirmó, al tiempo que insistió en que este tipo de casos obligan a la sociedad a mantenerse alerta, sin importar colores partidistas o contextos políticos.

Un fallo que abre debate sobre privacidad de cada persona

La decisión de la Sala Superior se centró en un punto clave: los mensajes privados no pueden ser utilizados como base para sanciones electorales. En el caso de Zermeño, las expresiones sobre la diputada local Almendra Negrete Sánchez fueron obtenidas a través de capturas de pantalla de una conversación privada, lo que, según los magistrados, vulnera el principio de inviolabilidad de las comunicaciones.

El proyecto, impulsado por el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, advirtió que validar este tipo de pruebas podría incentivar la obtención irregular de conversaciones privadas. En la misma línea, la magistrada Claudia Valle Aguilasocho subrayó que los intercambios personales no forman parte del ámbito electoral ni pueden ser considerados automáticamente como violencia política de género.

Multa de 300 mil pesos también fue revocada

La Sala Superior también revocó la multa de 300 mil pesos que había sido impuesta previamente por la Sala Regional Guadalajara, marcando un giro relevante en la interpretación de los límites entre lo público y lo privado en materia electoral.

Para Zermeño, el fallo no es un cierre, sino un punto de partida. Asegura que aún existen riesgos de censura y abusos institucionales, por lo que llamó a defender los derechos fundamentales “hasta las últimas consecuencias”.