“Tengo mucho miedo, pero tengo que acompañarlo de valentía, no nos queda de otra.” Estas fueron las palabras que Carlos Manzo, el alcalde de Uruapan, Michoacán, expresó en un discurso en el que hacía un llamado a Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad, para que actúe y termine con la violencia del crimen organizado en su municipio.
En México, no es común escuchar a un político admitir que está rebasado, y mucho menos que confiese públicamente que vive con miedo. Pero esa es la realidad de un municipio atrapado en la violencia y el abandono del régimen.
Uruapan no es cualquier ciudad. De acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), el 89.5% de sus habitantes la perciben como insegura, lo que la convierte en el tercer municipio del país con mayor percepción de inseguridad. La cifra no miente: los testimonios constantes de extorsiones, desapariciones y asesinatos lo confirman. Aun así, las respuestas del gobierno estatal y federal se han limitado a discursos huecos y promesas de coordinación que no se traducen en acciones concretas.
Carlos Manzo canceló la celebración de las fiestas patrias por temor a ataques armados y porque el 14 de septiembre asesinaron al policía Vidal Brígido en un retén.
Ha entregado información clave sobre fosas clandestinas y delincuentes a las autoridades, ha pedido la presencia de la Guardia Nacional y del Ejército, y ha advertido sobre el riesgo de que la ciudadanía tome justicia por su propia mano. ¿Y cuál ha sido la reacción desde arriba? La misma de siempre: indiferencia, exigencia de “mesura” y declaraciones tibias, e incluso burlescas, como la del líder de Morena en Michoacán, Jesús Mora, quien dijo que “no es a gritos ni a sombrerazos como se van a resolver los problemas que hay en Uruapan”.
La estrategia de “abrazos, no balazos” ha demostrado ser un fracaso. Ningún grupo criminal se desarma con discursos de paz ni con apoyos asistenciales. Mientras se repite hasta el cansancio que el “pueblo bueno y sabio” respalda al gobierno de México, la realidad es que ese mismo pueblo vive bajo el yugo de los cárteles. ¿De qué sirven tantos programas del Bienestar si, al salir de casa, la gente no sabe si volverá con vida?
¿Quién es “El Rino”, jefe de plaza del CJNG que puso en código rojo a Uruapan, cuya detención fue transmitida en vivo?
Lo más grave es que la violencia se ha normalizado. Que un presidente municipal diga que tiene miedo y que no quiere ser “uno más de la lista de alcaldes ejecutados” debería encender todas las alarmas. En cambio, lo que encuentra es silencio. Ni la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ni el secretario García Harfuch han pisado Uruapan. Y mientras tanto, la vida cotidiana de miles de ciudadanos está marcada por la incertidumbre y la impotencia.
La gente en Uruapan no pide grandes obras, ni megaproyectos, ni discursos que desgarren las gargantas. Pide algo básico: seguridad para vivir, trabajar y salir a la calle sin temor. Pide que alguien se atreva a poner un alto a quienes hoy controlan territorios, secuestran economías y asesinan sin consecuencia alguna.
El régimen de Morena no puede seguir presumiendo cifras de aprobación y apoyos sociales mientras los municipios mexicanos son devorados por la delincuencia organizada. La primera responsabilidad del Estado es proteger la vida de sus ciudadanos, y en Uruapan, como en muchas otras partes del país, el Estado está ausente.
El testimonio de Carlos Manzo no es solo un grito de auxilio, es también un espejo del país: un México donde hasta los alcaldes viven con miedo, y donde la indiferencia de los de arriba deja a los ciudadanos a merced de los criminales.
La pregunta ya no es qué tan grave es la situación. La pregunta es si el régimen tiene la voluntad real de enfrentarse al crimen organizado o si seguirá escondiéndose detrás de un discurso que ya nadie cree.
