La reserva de información relacionada con el Tren Interoceánico , particularmente de la Línea Z que conecta Salina Cruz con Coatzacoalcos, ha detonado un nuevo escándalo público. A pocos días del descarrilamiento ocurrido el 28 de diciembre, el Comité de Transparencia del proyecto determinó clasificar por cinco años toda la información técnica de los vagones y los reportes del centro de mando, bajo el argumento de “seguridad nacional”.
La decisión ha generado fuertes cuestionamientos, especialmente porque la reserva se da en un contexto donde han salido a la luz fallas graves en la operación del tren, como el uso de vagones antiguos, cámaras de seguridad que no funcionaban y la ausencia de velocímetros, elementos que quedaron exhibidos tras la tragedia.
Información reservada hasta 2031 por “seguridad nacional”
De acuerdo con la resolución, los ciudadanos no podrán acceder a datos técnicos de los vagones, bitácoras operativas ni reportes internos generados después del accidente. La autoridad sostiene que hacer pública esta información podría poner en riesgo la operación ferroviaria, al facilitar posibles sabotajes, robo de piezas o actos ilícitos.
Sin embargo, la medida ha sido interpretada por críticos y especialistas como un intento de ocultar responsabilidades dentro de una de las obras emblemáticas del sexenio pasado, cuya administración y ejecución ya había sido señalada anteriormente por su falta de transparencia.
Expertos cuestionan el sustento técnico tras reserva de información
Para Eduardo Ramírez Cato, especialista con más de 45 años de experiencia en infraestructura ferroviaria, el argumento de seguridad nacional no tiene sustento técnico. El experto considera que clasificar información básica sobre el estado de los vagones y los sistemas de control no fortalece la seguridad, sino que debilita la rendición de cuentas.
Desde su perspectiva, la transparencia en este tipo de proyectos no solo es compatible con la seguridad, sino indispensable para prevenir futuros accidentes y corregir fallas estructurales.
Opacidad también en la investigación de la FGR
La polémica se agrava porque los reportes enviados al centro de mando tras el descarrilamiento también fueron clasificados, bajo el argumento de no afectar el debido proceso ni la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR).
No obstante, hasta ahora la Fiscalía ha mantenido un hermetismo total. Los abogados de tres personas lesionadas aseguran que, pese a haber presentado denuncias desde principios de enero, no se les ha reconocido formalmente la calidad de víctimas ni se les ha permitido acceder a la carpeta de investigación.
Organizaciones y analistas coinciden en que la reserva de información en megaproyectos fue una constante durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, lo que ha impedido que la ciudadanía conozca con claridad cómo se ejercen los recursos públicos.
El caso del Tren Interoceánico reabre el debate sobre la impunidad, la opacidad institucional y el uso del concepto de seguridad nacional como justificación para cerrar el acceso a información que, por su naturaleza, debería ser pública.
Mientras tanto, el descarrilamiento sigue sin respuestas claras y el ciudadano continúa sin saber qué ocurrió realmente, ni qué se está haciendo con el dinero de sus impuestos.
