En una resolución que no pasó desapercibida, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) puso punto final al caso de Pío López Obrador. Lo hizo sin debate público entre magistrados y con una votación que, para sus críticos, reflejó más trámite que deliberación.
La decisión confirmó lo ya resuelto por el Instituto Nacional Electoral (INE): no existen pruebas suficientes para acreditar financiamiento ilegal o desvío de recursos hacia Morena, pese a los videos difundidos en 2020 donde se observa a Pío López Obrador recibiendo dinero en efectivo.
Una resolución sin discusión: El caso Pío López Obrador
El proyecto, elaborado por la magistrada Mónica Soto Fregoso, fue aprobado por seis integrantes de la Sala Superior sin abrir una discusión de fondo. En él se sostiene que el INE actuó con exhaustividad en la investigación y recabó los elementos necesarios para concluir que no se acreditaron irregularidades.
De acuerdo con el fallo, tampoco prosperaron los argumentos del Partido Acción Nacional (PAN), que buscaba demostrar que los recursos entregados habrían tenido un destino electoral. Para los magistrados, no hay evidencia que vincule el dinero con campañas políticas, incluyendo la presidencial de 2018.
VIDEO: Pío López Obrador y los "fajos" de billetes
El caso, sin embargo, estuvo marcado desde su origen por los videos en los que aparece Pío López Obrador recibiendo paquetes de efectivo de David León Romero. A ello se sumó una declaración pública del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, quien reconoció que dichos recursos eran “aportaciones” para fortalecer a Morena.
#NoEsNormal que hayan exonerado al hermano del expresidente López Obrador aunque haya recibido sobres con aportaciones ilegales de dinero.
— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 2, 2025
Pero parece que eso no fue suficiente; Pío López Obrador amenazó públicamente al medio y al periodista que lo evidenciaron y exige 400… pic.twitter.com/JAKNoO8orc
Pese a estos elementos, tanto el INE como el TEPJF coincidieron en que no existe prueba contundente que permita establecer un vínculo directo entre ese dinero y el financiamiento de campañas, lo que resultó determinante para cerrar el caso.
El expediente, abierto en 2020, tardó seis años en resolverse de manera definitiva. Para las autoridades electorales, el proceso se condujo conforme a derecho y con apego a los principios de legalidad.
