En una decisión que pone en entredicho las garantías individuales frente al poder del Estado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloquee cuentas bancarias de manera unilateral. Con una votación de 6 a 3, los ministros validaron que el brazo fiscalizador de Hacienda no necesite el aval de un juez para inmovilizar el dinero de los ciudadanos, bastando únicamente con la sospecha de irregularidades.

Esta resolución representa un cambio drástico en las reglas del juego jurídico en México, pues elimina el "filtro" judicial que protegía a los usuarios de posibles abusos o errores administrativos de la autoridad.

Violación a la presunción de inocencia: El reclamo de la oposición

La Corte tomó esta determinación al resolver una Acción de Inconstitucionalidad promovida por senadores de oposición contra el Artículo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito. Los legisladores advirtieron que esta facultad es violatoria de derechos humanos fundamentales, tales como:

  • Presunción de inocencia: Se castiga financieramente al usuario antes de demostrar un delito.
  • Derecho de audiencia: Las cuentas se bloquean sin que el afectado pueda defenderse previamente.
  • Seguridad y certeza jurídica: El patrimonio queda a merced de un criterio administrativo y no de una valoración judicial independiente.

Pese a estas advertencias, el proyecto de la ministra Loretta Ortiz Ahlf se impuso, argumentando que la medida es necesaria para combatir el lavado de dinero, incluso si esto implica pasar por encima de la intervención de un juez.

Votación dividida: Los ministros que sí vieron un riesgo

No hubo consenso total en el Pleno. La decisión de otorgar este "superpoder" a la UIF contó con la férrea oposición de los ministros Yasmín Esquivel, Giovanni Figueroa y Aristides Guerrero, quienes votaron en contra al considerar que la medida vulnera el debido proceso. Para los ministros disidentes, permitir que una autoridad administrativa actúe sin supervisión judicial abre la puerta a la arbitrariedad.

Con este fallo, el artículo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de marzo de 2022 queda firme. A partir de ahora, cualquier mexicano puede despertar con sus cuentas congeladas por una decisión tomada en una oficina de gobierno, sin que un juez haya revisado una sola prueba, dejando la carga de la prueba y la larga batalla legal totalmente en manos del ciudadano afectado.